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“Yo creo que las ciudades de Ceuta y Melilla, los peñones e islotes suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos”. La frase no es de ningún ministro del Reino, tampoco fue proferida por conspicuo articulista marroquí alguno. Fueron pronunciadas el pasado 2 de septiembre en una conferencia en la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán por la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo.
No tardó la clase política española en reaccionar, en bloque, contra las apreciaciones de la ex ministra socialista y –hasta mayo de este año- consejera de Educación en la Embajada española en Rabat, como tampoco se hicieron de rogar las autoridades de Ceuta y Melilla (ambas ciudades declararon ‘non grata’ a la extremeña). Sin embargo, “los peñoles e islotes” españoles a los que se refería Trujillo, esto es, las plazas de soberanía española situadas en la costa del norte de África no han tenido quien las defienda públicamente. Por no tener no tienen ni quienes las den a conocer.
Porque si tuvo que producirse la crisis de Perejil –el pasado mes de julio se cumplieron veinte años de su invasión por parte de un grupo de gendarmes marroquíes y desalojo por las fuerzas españolas-, una piedra calcárea situada en la costa norte del país magrebí, a 250 metros de la tierra y a apenas tres kilómetros y medio de Ceuta, para que los españoles tuvieran por primera vez noticias del islote, más que probablemente una gran parte de la sociedad española es incapaz de poner en el mapa el resto de territorios españoles en el norte de África: el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas y las islas Chafarinas.
Conocida es la posición de las autoridades marroquíes respecto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya soberanía española no reconocen; como muestra un botón: a pesar del gran momento que viven las relaciones diplomáticas entre los dos países desde el apoyo del Gobierno a Rabat en el Sáhara, el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, evitó mencionar las dos ciudades y sus fronteras en la intervención en su breve alocución ante los medios junto a su homólogo José Manuel Albares al ser preguntado sobre el acuerdo para la apertura de las aduanas comerciales. No es difícil imaginar, por tanto, qué posición mantiene Rabat sobre el resto de territorios de soberanía española.
Con todo, lo cierto es que, si Ceuta y Melilla irrumpen periódicamente de labios de algún alto responsable del Estado marroquí o en los medios del país magrebí –donde la mayoría de ocasiones las dos ciudades autónomas son calificadas por el epíteto “presidios ocupados”-, el Gobierno no ha formulado oficialmente reclamación alguna sobre las plazas de soberanía españolas en el norte de África. No es de esperar que en medio de la luna de miel que ambas administraciones viven desde hace seis meses Marruecos vaya a hacer mención pública (y menos aún, reclamación) sobre los territorios.
Más allá de los silencios, las omisiones y los ruidos, y después de más de un año de turbulencias en las relaciones entre España y Marruecos, la pregunta surge obligatoria: ¿están lo suficientemente protegidos por la legislación española? ¿Podrían convertirse en moneda de cambio de algún gobierno español en eventuales negociaciones con Marruecos?
Lo cierto es que común a todos ellos es la indefinición jurídica. Pocas entidades como el Observatorio de Ceuta y Melilla, que pertenece al think tank español Instituto de Seguridad y Defensa, han hecho más en los últimos tiempos por proponer al Gobierno de España cambios legales que permitan poner fin al “indefinido estatuto jurídico” de los territorios con vistas a su mejor protección. Su reciente informe titulado La consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África da cuenta de numerosas iniciativas al respecto.
En el trabajo, el catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz Alejandro del Valle afirma que la citada indefinición sugiere “problemas legales y políticos de envergadura” para el Estado español a la hora de defender la soberanía de estos territorios. Los peñones ni el archipiélago de las Chafarinas “han sido progresivamente innominados en el ordenamiento jurídico”.
“No es relevante que la Constitución no los mencione, pero sí que estén absolutamente fuera de la organización territorial del Estado –autonómica, provincial, municipal y de las Ciudades Autónomas– con expresa exclusión en 1995 de las Leyes Orgánicas que aprobaron los Estatutos de Ceuta y de Melilla”, escribe el profesor de la UCA en el informe. Por el contrario, las dos ciudades autónomas sí tienen un “claro anclaje en el modelo de gestión territorial del Estado”, recuerda Alejandro del Valle. Según el catedrático, es necesaria “una mayor determinación de su estatuto jurídico y de su involucración y aplicación con normas de diferentes fuentes de derecho español”.
Por su parte, el profesor Jesús Verdú, de la Universidad de Cádiz, recuerda que las plazas de soberanía “no tienen un estatuto definido en la organización descentralizada del Estado español, circunstancia que genera incertidumbres jurídicas y proyecta indudablemente una mayor vulnerabilidad en la compleja relación con Marruecos”.
En cualquier caso, para el presidente del Observatorio de Ceuta y Melilla, Carlos Echeverría, quien insiste en que no hay “ningún agravio histórico pendiente” con Marruecos, sin duda las plazas de soberanía española son “territorios españoles en el norte de África donde impera el derecho de la Unión Europea”.
Español desde 1564, el peñón de Vélez de la Gomera ostenta un curioso récord: la frontera terrestre más pequeña del mundo, pues está unido al continente africano por un istmo formado a raíz de un terremoto en 1930. En él vive una pequeña guarnición militar integrada por aproximadamente 30 militares (pertenecientes mayoritariamente al Grupo de Regulares de Melilla nº5).
En julio de 2021, y en plena crisis bilateral, una noticia traía a la actualidad al peñón de Vélez de la Gomera –y al de Alhucemas-: el traslado de los restos mortales de los 54 españoles que reposan en los cementerios de las dos plazas españoles. Para disipar las especulaciones sobre los planes futuros del Gobierno, la Comandancia General de Melilla aclaraba las razones del desmantelamiento de los camposantos: “El motivo de la exhumación y el traslado de estos restos no es otro que el de preservarlos en las mejores condiciones posibles, habida cuenta del deterioro sufrido por estos cementerios, debido a las duras condiciones ambientales que han soportado a lo largo de los años y a los riesgos de derrumbamiento por la actividad sísmica de la zona”.
La plaza de soberanía española, situada a 126 kilómetros al oeste de Melilla, fue protagonista en el verano de 2012, cuando fue abordada por un reducido grupo de activistas marroquíes partidarios de la “liberación” del territorio, además de Ceuta y Melilla y las restantes plazas de soberanía españolas. En la mañana del 29 de agosto, y aprovechando que no había nadie de guardia en la frontera, accedieron al territorio. Tras una breve detención, poco después algunos de los integrantes del grupo de activistas salió por sus propia cuenta del territorio español y otros fueron expulsados.
Mucho más cerca en el tiempo, hace justo un año, España devolvió a Marruecos a un grupo de al menos 125 personas que habían cruzado la frontera del peñón de Vélez de la Gomera para pedir asilo. Eran aproximadamente 60 hombres y otras tantas mujeres, además de varios niños, de origen subsahariano. Ocurrió en pleno desencuentro diplomático entre Rabat y Madrid.
Situado a apenas 700 kilómetros de la costa, en la bella bahía que le da nombre, se encuentra el peñón de Alhucemas, español desde 1673. Como en Vélez de la Gomera, en él vive una pequeña guarnición militar formada por una treintena de militares vinculados al Regimiento Mixto de Artillería nº32.
Además del desmantelamiento del cementerio, el pasado mes de julio el Ministerio de Defensa hizo público el proyecto de demolición de la Torre del Reloj del peñón de Alhucemas –elemento fundamental de la silueta de la plaza española- alegando los riesgos de seguridad vinculados al mal estado de la construcción. La obra, que no podrá demorarse más de seis meses en su ejecución, tendrá un coste para el erario público de 218.906, 67 euros.
A unos 700 metros también del peñón hay dos islotes de soberanía española deshabitados, Tierra y Mar, que uno puede alcanzar fácilmente desde la playa de Sfiha. Precisamente en la primera isla se instaló a finales de agosto de 2012 –apenas días después del citado incidente en Vélez de la Gomera- un centenar de subsaharianos para pedir asilo a las autoridades españolas. Fueron desalojados por las fuerzas españolas.
En sus 1,4 kilómetros cuadrados pasó un año entero Juan Maicas. En conversación con NIUS, el zaragozano, hoy jubilado, recuerda su experiencia vital de un año en el peñón de Alhucemas, al que fue enviado por la dictadura franquista en 1971 para purgar una pena por haber sido militante del Partido Comunista durante dos años y medio: “Alhucemas era entonces una compañía disciplinaria. Tras quedarme en libertad provisional en Zaragoza, me llamaron a filas antes de reincorporarme a Melilla. Una semana después me habían enviado en un barco regular al peñón de Alhucemas”.
“Allí hacía de todo, desde la cocina hasta tareas de electricista, que era mi oficio, incluido leer muchas horas, pescar o bañarnos, y en alguna ocasión llegué nadando hasta la playa marroquí de Alhucemas. Éramos unas 60 personas y no había distingos entre nosotros dentro de la isla. Había desde delincuentes comunes o presos por actividades políticas hasta testigos de Jehová pasando por la guarnición militar y los mandos”, recuerda a este medio.
“Pocos años después de irme del peñón, llegó la Marcha Verde. Pensamos que Marruecos podía haber aprovechado para invadirlo también. Lo habrían tenido fácil”, admite. “Aunque han perdido todo su valor estratégico, creo que seguirán siendo españoles mucho tiempo”, asegura este zaragozano de 71 años.
El archipiélago de las Chafarinas, formado por las islas de Congreso, Isabel II y Rey Francisco, es español desde 1848, fecha desde la cuales han estado habitadas y con presencia permanente.
El archipiélago ha sido tema de actualidad en los últimos meses, pues una empresa marroquí instaló junto a la isla de Congreso en el otoño de 2021 una piscifactoría en sus aguas sin consultar al Gobierno de España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez formuló una protesta a Rabat; en junio la Fiscalía abría una investigación. Desde el PP se denunció que la piscifactoría “no cuenta con licencia, concesión ni autorización administrativa de ninguna autoridad ni Administración pública española”.
Las Chafarinas se encuentran bajo la normativa europea de protección ambiental, aunque sus espacios marítimos no han sido aún delimitados en el ordenamiento jurídico español. Desde el Observatorio de Ceuta y Melilla se propone la creación de una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo, lo que permite áreas trasnacionales promovidas por varios países.
Según el profesor Verdú, “España y Marruecos podrían preservar expresamente sus posiciones jurídicas de partida sin prejuzgarlas”. La creación de una zona marítima protegida que incluyera las Chafarinas “sería una oportunidad única de cooperación y normalización de unas relaciones extraordinariamente complejas”.