Pocos dudan en Bruselas de que la relación entre el próximo Gobierno italiano y la Comisión Europea tendrá roces, broncas, ruido, declaraciones salidas de tono, pero también son pocos los que creen que la bronca irá más allá de ese ruido o que la sangre llegará al río. Los contrapesos institucionales italianos y las herramientas a disposición de la Comisión Europea harán que el choque se amortigüe.
La líder de la extrema derecha, Giorgia Meloni, critica habitualmente a los “burócratas” de Bruselas, pero durante la campaña electoral a lo más que llegó fue a decir que quiere renegociar el plan de reformas e inversiones italiano ligado a los fondos europeos post-pandemia. Los primeros contrapesos son italianos. El sistema institucional italiano da al presidente de la República, elegido por las cámaras y no en votación popular, poderes superiores a homólogos con competencias similares como el alemán, el polaco, el húngaro, el portugués o el austríaco.
Sergio Matarella, un conservador europeísta, está en el cargo desde septiembre de 2015 y vio su mandato de siete años renovado en enero de este año, por lo que estará, si no dimite o muere, hasta 2029. Sus competencias son amplias. Puede, cuando quiera, disolver las cámaras y mandar al país de nuevo a las urnas. Puede también rechazar nombramientos de ministros. Y aunque es muy improbable que lo haga en carteras que tienen competencias básicamente nacionales, los presidentes italianos sí suelen hacerlo si el jefe de Gobierno de turno propone por ejemplo para Economía a alguien eurófobo. Sus predecesores y él mismo ya usaron esos poderes.
El otro gran freno a eventuales veleidades de Meloni es el europeo y sobre todo en su vertiente económica. Italia tiene la segunda mayor deuda (calculada en porcentaje de PIB, que es como se calculan las deudas, porque de otra forma Alemania tendría más que Grecia) de la Unión Europea tras Grecia. Ese 150% de deuda sobre PIB supera los 2,5 billones de euros. Sin el respaldo del Banco Central Europeo y sus programas de compra de deuda el Tesoro italiano tendría un problema morrocotudo.
El último programa de compra de deuda, el que funciona ahora mismo, está ligado a varios factores que Meloni se cuidará de cumplir, sobre todo al cumplimiento del plan de reformas e inversiones ligado a los fondos post-pandemia. Italia era, tras España, el gran beneficiario de esos fondos con 70.000 millones en transferencias y 140.000 en préstamos.
Entre 2021 y 2022 Mario Draghi consiguió desbloquear 70.000 millones en total. Esos 140.000 millones que faltan por desembolsar no lo serán si el nuevo Gobierno italiano no va cumpliendo las reformas prometidas y no hace las inversiones fijadas. Un tercio de esas inversiones van a energías renovables, así que por muy poco que le guste a Meloni la lucha contra la crisis climática, se juega en ella casi 50.000 millones de euros. Si la parte económica, donde la patronal italiana presionará para evitar aventuras, no preocupa tanto en Bruselas, sí preocupa que Italia derive hacia una especie de “autocracia electoral”, como llamó el Parlamento Europeo a Hungría a mediados de septiembre en un informe en el que asegura que el país dejó de ser una democracia plena. Además del papel del Constitucional italiano (en Hungría o Polonia todas las máximas autoridades del Estado están en manos del partido gobernante, una situación que no se da en Italia), Bruselas cree que tiene palancas suficientes para responder. La semana pasada, en Nueva York, Von der Leyen dijo que la Comisión Europea tiene “herramientas” para hacer frente a Meloni si va “en una dirección difícil”. La Comisión Europea es “la guardiana de los tratados”, según esos mismos tratados. Y los tratados europeos están por encima de las leyes nacionales. En Bruselas parece haber lo que podrían llamarse dos escuelas de pensamiento en relación al nuevo Gobierno italiano. Una minoría de funcionarios y diplomáticos, a los que podemos llamar “los pesimistas”, considera que la llegada al poder del post fascismo de Hermanos de Italia es una amenaza democrática para todo el bloque mucho mayor que la de gobiernos como el polaco o el húngaro.
Tanto por los antecedentes de Meloni como porque por primera vez el Partido Popular Europeo apoyó que uno de los suyos (Berlusconi) fuera abiertamente en coalición con la extrema derecha. Ha habido casos de colaboración entre conservadores y extrema derecha (el PP con VOX en Castilla y León, Madrid, Murcia o Andalucía, los liberales holandeses con los ultras de Geert Wilders o ya antes el propio Berlusconi con Salvini). Pero nunca se había llegado al extremo de compartir coalición, mítines y propaganda electoral. Frente a ellos, “los optimistas” no niegan el peligro del liderazgo de Meloni pero ven frenos y contrapesos suficientes para evitar derivas incorregibles. Entienden que el próximo Gobierno italiano pondrá en riesgo los fondos europeos ni hará que se dude del papel del país en la Unión Europea ni en la OTAN (Italia es sede de la mayor parte de la Quinta Flota en el Mediterráneo y tiene depósitos de armas nucleares estadounidenses).
Algunos diplomáticos, sobre todo los del norte, creen además que Meloni va a intentar hacer, desde el otro lado del espectro político, lo que hizo el griego Alexis Tsipras con Syriza. Cuando la izquierda radical griega llegó al poder una de las prioridades de Tsipras fue comerse el espacio político a la izquierda del centro. Tuvo éxito y el Pasok es una sombra de lo que fue. Syriza es la alternativa opositora ahora mismo a los conservadores de Nueva Democracia y Tsipras pasó a ser recibido en las reuniones pre-cumbre entre los dirigentes socialdemócratas. Meloni, ante el hecho biológico que algún día llegará a Berlusconi y el hundimiento de Salvini, puede intentar un giro al centro-derecha que le dé todo el espacio conservador italiano.