{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Seis meses han transcurrido desde que el cambio histórico de posición del Gobierno de España, manifestado en la carta remitida por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, en el Sáhara Occidental, desataba una aguda crisis diplomática con Argelia, país con el que España había firmado en 2002 un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suspendido por las autoridades magrebíes el pasado mes de junio. El tiempo está demostrando que la ofuscación argelina no era una pataleta de fin de semana.
Medio año después, y en un momento de profunda crisis energética internacional, la diplomacia española no ha logrado el menor acercamiento con el gigante norteafricano, en posesión de las novenas reservas mundiales de gas ni las autoridades argelinas han dado pistas de querer rebajar la tensión. La última vez que desde el Ejecutivo se hace referencia a la indisposición con Argelia fue esta misma semana, cuando el presidente Pedro Sánchez, que hace unos días aseguraba que le “encantaría” visitar Argelia –y recibía la callada por respuesta-, reconocía en una entrevista televisiva las discrepancias con el régimen militar en la cuestión saharaui.
De manera casi refleja –en un movimiento previsible para los conocedores de las relaciones internacionales-, el régimen argelino, patrocinador principal del Frente Polisario desde hace casi cinco décadas y enemigo íntimo de Rabat –Argel rompió relaciones diplomáticas con sus vecinos hace un año-, expresaba su indignación con el Gobierno de Pedro Sánchez tras su giro en el Sáhara. Todo empezó con la retirada el mismo 19 de marzo –seis meses se cumplen el lunes- del embajador argelino en España, Said Moussi, que no ha tenido sustituto en Madrid desde entonces.
Desde entonces se venido registrando un goteo de decisiones de castigo a los intereses españoles, algunas abiertamente defendidas por las autoridades y otras no tanto (o incluso negadas). Desde abril, Argel no coopera con Madrid en las devoluciones de ciudadanos argelinos llegados de manera irregular por barco a suelo español, un problema que será especialmente grave en las próximas semanas habida cuenta de la avalancha de llegadas de migrantes en pateras a las costas baleares, valencianas, murcianas y andaluzas en las últimas fechas. Poco después Argelia dejaba de conceder licencias de importación de animales vivos –fundamentalmente vacuno- a los empresarios españoles.
Hubo que esperar hasta junio para que llegaran los dos hitos del desencuentro: la suspensión por parte de Argel del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, en vigor desde hacía dos décadas, y el bloqueo de las domiciliaciones bancarias –ordenado por la patronal bancaria- en las operaciones comerciales con firmas españolas, lo que supuso desde entonces y hasta hoy –como ha podido certificar NIUS de fuentes conocedoras de la materia en la capital argelina- un boicot a los bienes y servicios españoles. Un boicot que el régimen argelino todavía se permitió desmentir a finales de julio asegurando que desde el Gobierno no se ha dado nunca una instrucción al respecto.
Aunque el temor a que el régimen argelino empleara la baza migratoria ha planeado desde el principio de la crisis –los diplomáticos argelinos han negado que su país fuese a utilizar ese recurso-, lo cierto es que ha sido especialmente sólo en el final del verano cuando los números de la ruta argelina se han disparado.
El pasado fin de semana se registró un repunte inédito en la inmigración irregular. De viernes a domingo llegaron a las costas españolas, Levante y archipiélago balear, procedentes de Argelia al menos 700 sin papeles.
Por otra parte, aunque el Gobierno español se aferra a las palabras del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, que a finales de abril acusó a Sánchez de “haberlo roto todo” pero garantizó que su país honraría sus compromisos en materia gasista, el miedo a que Argelia pueda cerrar el grifo si considera que España ha roto las condiciones contractuales sigue planeando en la crisis. De hecho, apenas dos días después de la alocución de Tebboune ante la prensa, su ministro de Energía, Mohamed Arkab, amenazaba a España con cerrarle la llave de paso del Medgaz si parte del hidrocarburo argelino acababa siendo adquirido por Marruecos.
“Cualquier envío de gas natural argelino suministrado a España cuyo destino no sea el previsto en los contratos se considerará como un incumplimiento de los compromisos contractuales y, en consecuencia, ello podría conducir a la rescisión del contrato entre Sonatrach y sus clientes españoles”, advirtió el titular argelino de Energía.
Entretanto se desarrollaba la crisis con España, Argelia se ha dejado querer en un momento en que a su gas no le faltan pretendientes en el conjunto de la Unión Europea. En julio, las autoridades argelinas se lanzaban en brazos de las italianas, con las que han firmado varios acuerdos en materia energética que se deberán traducir en un aumento del 40% de las exportaciones de gas al país transalpino a partir de 2023. Y ‘reseteaban’, por todo lo alto, la relación con Francia con motivo de la gira del presidente Emmanuel Macron de finales de agosto. Medios franceses aseguran que el deseo del mandatario galo es incrementar un 50% las compras de gas desde Argelia en el próximo otoño.
Como la venganza se sirve fría, este verano las autoridades argelinas han dejado de vender metaneros a España, que tiene que comprar el gas licuado (GNL), más caro, en Estados Unidos y Rusia. Además, en estos momentos tiene lugar la negociación sobre el alza del precio del gas entre el gigante argelino del gas Sonatrach y el grupo español Naturgy en el marco del megacontrato que vincula a ambas sociedades hasta 2032. Incrementos todos que tendrán una repercusión directa en los bolsillos de los ciudadanos españoles en los próximos meses.
Suspendido el tubo Magreb Europa desde noviembre pasado y sin envío de metaneros, todo el gas argelino que viaja aún a España lo hace a través del Medgaz. Según los datos del pasado julio, apenas supone ya el hidrocarburo argelino el 24% de todas las importaciones españolas. En ese mismo mes, las entregas de gas natural argelina a España se contrajeron un 51% respecto al mismo mes en 2021.
Medio año después del estallido de la nueva crisis magrebí lo más grave, al margen del perjuicio a los intereses empresariales españoles y al del resto de los ciudadanos vía inflación, es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no parece tener el esbozo de un plan para tratar de rebajar la tensión en Argelia. Como ocurrió durante meses con Marruecos, la estrategia de Sánchez y el ministro de Exteriores José Manuel Albares ha pasado de no hacer mención al problema a manifestar una y otra vez la voluntad y disposición española a mantener buenas relaciones con Argelia.
Mientras el régimen militar da por amortizado a Sánchez y espera un relevo en la Moncloa para tratar de normalizar las relaciones, el Gobierno de España confía, a su vez, en que el presidente Abdelmadjid Tebboune empeñó su palabra al asegurar que su país honraría siempre sus compromisos en relación con los contratos del gas, pero sabe que Argel tiene más medios a su alcance –y abundancia de tiempo, mayor que lo que le resta a la legislatura española- para cebarse en el castigo hacia España.