Conmoción en Argentina por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. Las imágenes de un joven apuntando a la cabeza de la política ponían los pelos de punta. Poco después el presidente Alberto Fernández declaraba el día festivo para convocar una manifestación popular a favor de la democracia en el país.
“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, dijo Alberto Fernández desde su residencia poco después de la agresión a Cristina Kirchner.
La jornada de terror para Argentina ha llevado al presidente Alberto Fernández a lanzar ese mensaje a la Nación. "He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse" .
Eso era anoche, por lo que el día de hoy se declara festivo y se suspenden las actividades con el fin de que pueblo argentino se exprese, así lo argumentaba su presidente. En esta imagen, ya esta mañana, le ven reunido con su gabinete donde analizan lo ocurrido el día en que Argentina despierta conmocionada... y en una jornada que en la que a buen seguro veremos movilizaciones contra la sinrazón de la violencia.
“Convoco a todos y cada uno de los argentinos y argentinas, a todo la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar, las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan”, instó el mandatario argentino, que declaró festivo el día.
Cristina Fernández de Kirchner, de 69 años, ha sido diana de la controversia política en Argentna, después de que la semana pasada, dos fiscales federales pidieran 12 años de prisión por un presunto delito de corrupción y defraudación al Estado.