En Argentina se suceden las protestas a favor y en contra de la vicepresidenta, Cristina Fernández. La Fiscalía solicita para ella 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua al considerarla responsable de una extensa trama de corrupción. Desde el Gobierno lo califican de persecución judicial.

Juzgada desde mayo de 2019 por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, la petición del fiscal es "que se condene a Cristina Elisabet Fernández a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos".

Presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y ahora vicepresidenta, el fiscal la responsabiliza "de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país".

La reacción ciudadana no se ha hecho esperar. A las puertas de su casa, cacerolada y palabras gruesas. Sus detractores celebran la petición del Ministerio Público: "Nos dio una esperanza de que tenemos justicia en Argentina, todavía”, dice un manifestante. “Es un día histórico para Argentina. Es la primera vez que una presidenta se enfrenta a un delito totalmente probado de corrupción", dice otra persona.

No es eso lo que dice el Gobierno que ha tachado la petición de condena de "persecución judicial" y defiende su presunción de inocencia.

La Fiscalía argentina calcula en más de 39 millones de euros la cantidad defrauda por una red que salpica también a su difunto marido.