Ejecuciones judiciales en Myanmar: la represión toca techo

La junta militar de Myanmar ha hecho oídos sordos a las condenas internacionales tras las cuatro ejecuciones que ha realizado esta semana contra opositores de su Gobierno y activistas defensores de la democracia. Naciones Unidas las ha tildado de “depravadas” y lo que las autoridades del país del sudeste asiático definen como “justicia para su gente” ha sido catalogado por muchas naciones vecinas como “crímenes contra la humanidad”. Desde que el general de los Tatmadaw (Fuerzas Armadas), Min Aung Hlaing, lideró el golpe de Estado en febrero de 2021, la antigua Birmania ha estado sumida en una espiral de violencia y represión, con ataques y asesinatos a civiles que, hasta los últimos acontecimientos, siempre habían tenido un carácter extrajudicial. Tras las cuatro ejecuciones recientes es evidente que la junta aúna todos los poderes y ha extendido el judicial más allá de los encarcelamientos a sus opositores, como el de la presidenta depuesta y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi, y su Gobierno.

Por si quedaba alguna duda, los militares han dejado claro que aquellos que promulguen unas ideas contrarias al régimen no tienen derecho a vivir. 

“Ha sido justicia para el pueblo. A estos criminales se les dio la oportunidad de defenderse”, afirmó Min Aung Hlaing en una comparecencia pública televisada. “Sabía que iba a suscitar críticas, pero se hizo por justicia. No fue algo personal”, aseguró. Si la veracidad de sus palabras se midiera al peso, éstas deberían tener la misma fuerza de atracción a la Tierra que una pluma. Especialmente si la referencia es aquel “prometemos realizar unas elecciones libres y justas” que el comandante en jefe pronunció tras declarar el estado de emergencia antes de hacerse con el Gobierno el año pasado. La junta sigue al pie de la letra el manual de toda dictadura y el mensaje tras las ejecuciones ha calado en un pueblo cuyo activismo para restablecer la democracia ha ido disminuyendo y que ahora lleva la procesión por dentro. 

Las protestas tras el golpe de Estado fueron masivas durante los primeros meses de la toma de posesión de la junta, sin embargo, más de 2.000 manifestantes fallecidos, de 10.000 detenidos, de cientos de desaparecidos y más de un millón de desplazados después, el Tatmadaw ha impuesto finalmente la política del miedo y los actos de protesta son menos numerosos. Las ejecuciones de esta semana sellan en piedra las intenciones del actual Gobierno y el futuro no abre las puertas a la esperanza ya que, según Amnistía Internacional, hay más de 100 detenidos que han sido condenados por hechos similares a los llevados a cabo por los cuatro activistas; todos ellos podrían ser ejecutados en los próximos meses. 

Entre los ejecutados hay dos figuras públicas que han mostrado su oposición a la junta de manera abierta. Uno es el activista por la democracia, Kyaw Min Yu, conocido como Jimmy, y el otro es el expolítico y cantante de hip hop, Phyo Zeya Thaw. El artista fue un aliado de la presidenta depuesta y tenía vínculos estrechos con Australia. Los otros dos ejecutados fueron Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw. Todos ellos fueron jugados a puerta cerrada y en secreto entre enero y abril de este año y fueron acusados de ayudar a las milicias a enfrentarse al Ejército.

Según medios estatales, sobre ellos pesó la ley antiterrorista reflejada en el código penal. Sus recursos fueron desestimados en junio. Los familiares de los condenados han expresado que no habían sido informados de las ejecuciones de antemano y todavía no han podido recuperar los cuerpos. La junta afirma que la devolución de los cadáveres depende del director del centro penitenciario de Yangón donde permanecieron las víctimas.

Nilr Thein es la mujer del activista Jimmy y es una de las personas que más razones tienen para teñir de rojo su perfil de Facebook (iniciativa de protesta por las muertes a manos de los militares en Myanmar). “Hasta que vea el cadáver de Jimmy… No tengo suficiente comida. No voy a compartir. No estaré de luto. Todos tenemos que ser valientes, decididos y fuertes”, escribió. Thazin Nyunt Aung es la mujer de Phyo Zeya Thaw y también está usando las redes sociales para compartir sus sentimientos tras el fallecimiento de su marido. “Voy a luchar hasta el final. Este Ejército terrorista, inhumano y cruel tendrá que pagar cuando sea el momento”, afirmó en una publicación de Facebook. En otra fue más categórica: “Esto es matar y esconder los cuerpos. Han faltado al respeto al pueblo de Myanmar y a la comunidad internacional”.

El último contacto entre los condenados y sus familiares fue el viernes 22 de julio. Los funcionarios sólo permitieron que un familiar hablara con ellos por videollamada y no eran conscientes de que ése sería su último encuentro antes de ser ejecutados. 

El Gobierno de Australia se ha unido a las condenas globales ante las ejecuciones llevadas a cabo por la junta en Myanmar. Uno de los condenados, el rapero y político, Phyo Zeya Thaw, viajó al país hace una década como parlamentario y conoció a varios líderes australianos. Sin embargo lo que más de cerca sienten en la nación es la detención de Sean Turnell, asesor económico de la presidenta depuesta, Suu Kyi. Fueron detenidos a la vez, cuando los militares derrocaron al Gobierno en febrero de 2021. Al ciudadano australiano le dio tiempo a publicar un último tuit antes de ingresar en prisión, lugar del que todavía no ha salido. 

“Gracias a todos por vuestra preocupación ayer. A salvo por ahora, pero con el corazón roto por lo que todo esto significa para la gente de Myanmar. La gente más valiente y amable que conozco. Se merecen algo mucho mejor”, escribió.

Después de 16 meses en la cárcel, en junio se confirmó que se iniciaba el juicio contra él, contra la expresidenta de Myanmar y contra otros tres acusados bajo los cargos de violación de la ley de secretos oficiales del país. Se podrían enfrentar a 14 años de prisión. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha abogado en varias ocasiones por la liberación de Turnell. “Sean Turnell debe ser liberado”, afirmó en junio. “Esa es la posición del Gobierno. Seguiremos haciendo una fuerte representación sobre esa base”. La condena se ha extendido tras las recientes ejecuciones en el país del sudeste asiático.