Muchos la vieron como circunstancial, como algo temporal, pero ahí sigue. La inflación, también en Alemania, ha pasado a verse como una realidad que empieza a hacerse duradera. De lo contrario, el Gobierno del canciller Olaf Scholz no seguiría pensando en medidas para paliar los efectos del alza de los precios. 

Para combatir especialmente el precio de la energía, Alemania ya lanzaba a finales de marzo medidas para mantener, entre otras cosas, el precio de la gasolina en las estaciones de servicio alrededor de los dos euros el litro, además de aportar 300 euros de 'tarifa plana energética' a los contribuyentes o el abono transportes casi universal para los meses de verano a 9 euros.

Pero lo que entonces se presentaba como medidas para frenar el alza del precio de la energía ya se ha transformado, claramente, en política contra la inflación. Quiere Scholz que esa política se construya entorno al 'diálogo social' que comenzará la próxima semana entre sindicatos, patronal y Gobierno en lo que aquí llaman “acción coordinada”. 

En esas reuniones al canciller le gustaría que prosperara la idea de que los trabajadores reciban una paga extra libre de impuestos y cargas sociales para así dotarles del poder adquisitivo que se ha perdido por culpa de una inflación galopante. Se trata, en suma, de un “plus por inflación”, según el término empleado por el diario económico Handelsblatt.

La subida de los precios era del 7,9% el mes pasado, según datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis). Ese es un valor que no se veía en el país desde 1973. Ese año se gestó una gran crisis energética por las subidas de precios de los países árabes miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) contra las naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kipur.

“En Alemania la inflación viene mayormente por el precio del gas y la posibilidad de que se acabe produciendo un embargo”, señala a NIUS Stefan Bach, investigador del Instituto Alemán para la Investigación Económica (DIW) de Berlín. Respecto a otras grandes economías europeas, la de Alemania está sufriendo una inflación de menor intensidad que la percibida en España (8,7% en mayo) y algo mayor que la que se vive en Francia (5,8% en mayo). 

Precisamente en Francia, en este contexto inflacionista se anunciaba este martes que, a partir del 1 de julio, los empleados públicos percibirían una subida de su sueldo del 3,5%. La medida afecta a 5,7 millones de personas. En Alemania, el Gobierno de Scholz se formó con la promesa socialdemócrata ya cumplida de subir el salario mínimo a 12 euros la hora. Esa remuneración mínima entra en vigor el próximo 1 de octubre.

Las circunstancias, sin embargo, obligan ahora a Scholz a apostar también por un “plus por inflación” como el que quiere ya se ha acordado en el sector de la industria química. En abril se ponían de acuerdo patronal y el sindicato mayoritario de ese sector que los trabajadores reciban 1.400 euros en una paga extra diseñada para contrarrestar los efectos de la inflación.

"En tiempos de gran incertidumbre, tanto para trabajadores como para empresas, teníamos que encontrar una solución que aunara el alivio frente a la inflación con la seguridad del empleo", según defendía el acuerdo Michael Vassiliadis, presidente del Sindicato de la Industria para la Minería, la Química, la Energía (IGBCE, por sus siglas alemanas). 

Según publicaba en su última edición el dominical Bild am Sonntag, en la Cancillería Federal ven en la idea de generalizar una medida así porque Scholz y compañía porque la actual inflación está causada, mayormente, “por cuellos de botella en la oferta de gas y también en cadenas de abastecimiento de otros productos”. 

El primer problema de oferta tendría que ver con la actual situación geopolítica y energética causada por la ilegal invasión de Rusia contra Ucrania. El segundo es aún achacable a los efectos asociados al impacto que tuvo el parón económico de las medidas contra la propagación de la pandémica COVID-19. Sea como fuere, según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, se estima que “el bienestar en Alemania” se ha retrotraído hasta los niveles de 2016 sólo por culpa de los precios de la energía.

Está por ver si el ejemplo de la industria química convence a otros sectores donde las negociaciones entre empresas y sindicatos tienen puesto el foco, no tanto en una “paga extra libre de impuestos por inflación” como la que quisiera ver Scholz, sino en subidas salariales. 

Sin ir más lejos, IG-Metall, el mayor sindicato del sector metalúrgico teutón, quiere subidas salariales del 7% al 8% para los trabajadores. Esos porcentajes son los que presentan actualmente en dicha organización de trabajadores sus intenciones de cara a las negociaciones previstas para el próximo mes de septiembre.

Desde principios de mes, cuando empezó a atisbarse la propuesta de la Cancillería Federal, en la gran central de sindicatos germanos, la Federación de Alemania de Sindicatos (DGB, por sus siglas alemanas), se decía que “las negociaciones sobre los convenios colectivos no se llevan en la Cancillería Federal”. Así lo ha dejado dicho la presidente de la DGB, Yasmin Fahimi. Aunque en la patronal han dicho querer actuar de forma “constructiva”, a Rainer Dulger, presidente de la Confederación Alemana de Asociaciones de Empresarios (BDA), ha terminado pronunciado recientemente las mismas palabras que Fahimi.

Puede que estas aparentes reticencias de patronal y sindicatos formen parte de las negociaciones que va a tener que afrontar el propio Scholz y su equipo en el marco de la “acción coordinada”. Pero esa no serán los únicos pareceres escépticos a los que tendrá que plantar cara el canciller. En su propia coalición gubernamental, formada por ecologistas y liberales del FDP, también hay reticencias.

Al menos parece que hay dudas en el FDP cuando se escucha al ministro de Finanzas, vicecanciller y líder liberal, Christian Lindner, decir que no le parece “indicado” ayudar a empresas que actualmente estén “registrando grandes beneficios” con una medida como liberar de impuestos el pago de la 'paga extra por inflación'. Eso sí, según el propio Lindner, una 'paga extra por inflación' podría “tener sentido”.

De ver la luz dicha medida, según Bach, investigador del DIW, la iniciativa sólo tendría un efecto limitado. “Sólo está dirigida a los trabajadores que reciben una remuneración regulada en un convenio colectivo”, dice Bach. 

Un 43% de los trabajadores alemanes trabaja bajo la protección de un convenio colectivo, según las últimas estimaciones. Se quedarían, por tanto, sin 'paga extra por inflación', el 57% restante. También hay que incluir a colectivos que quedan sin beneficiarse de la idea de Scholz a los jubilados y los estudiantes. Por eso, para Bach, el experto del DIW, no es impensable que vayan a tomarse otras medidas para paliar los efectos de una inflación galopante en los hogares menos favorecidos. 

A su entender, “estamos entrando en esa espiral de precios, y la mejor forma de acabar con ella sería que termine la guerra en Ucrania, que es la responsable de la crisis energética, y luego que se resuelva la crisis de componentes de las cadenas de abastecimiento". "Así podría relajarse la inflación”, concluye Bach.

Este martes, el Ministerio de Transformación y Función Pública ha anunciado una subida el 3,5% de los salarios de los funcionarios públicos a partir del 1 de julio de este año. Se trata de la primera vez que se incrementan los salarios de los funcionarios desde 2017. En declaraciones al diario Le Figaro, el responsable de la cartera Stanislas Guerini ha dicho que se actualizan los salarios en ese 3,5% para 5,7 millones de empleados, ya que desde 2010 sus salarios solo se han incrementado un 1,2% desde entonces.