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Sri Lanka es uno de los países del mundo que más están sufriendo los efectos de la pandemia y las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Ambas circunstancias externas se han unido a una desastrosa gestión interna que, desde 2019, ha sumido a esta nación del sur de Asia en una inmensa crisis, la peor desde su independencia en 1948. La desesperación de la población de 22 millones de habitantes ha provocado que cientos de ceilandeses hayan intentado huir por barco a las costas de Australia, una peligrosa travesía de casi 7.000 kilómetros de distancia. En cuestión de meses, Sri Lanka ha pasado de la crisis económica a un estado de calamidad con carencias alimenticias, médicas y energéticas. A esto se le une una atmósfera donde impera la violencia por las revueltas sociales contra el Gobierno, concretamente contra la dinastía de los Rajapaksa, anclados en el poder a pesar de su mala gestión. La respuesta de las autoridades está siendo severa y todos estos elementos unidos han convertido a Sri Lanka en un lugar inhabitable.
“Sabemos que no es la vía legal y estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos, pero no tenemos otra alternativa”, sostiene un padre que viajaba junto a su familia en un barco interceptado que trataba de llegar a Australia. Es tal la cantidad de personas que intentan llegar a Australia que las autoridades locales no dan abasto. El 7 de junio se produjo la interceptación más importante de este mes por parte de la Marina de Sri Lanka con el rescate de 76 personas que se dirigían al país oceánico. Entre ellos había siete niños, el resto pasaron a disposición judicial por haber incurrido en una “actividad ilegal”. Es ilegal abandonar el país sin hacerlo por un puerto o aeropuerto oficial y aquellos que escapan por otras vías se enfrentan a dos años de prisión “rigurosa” y a una cuantiosa e inasumible multa. El goteo de intervenciones está siendo constante y en las últimas semanas se han producido más de 300 detenciones y al menos 10 barcos detectados.
La Oficina Humanitaria de la Organización de Naciones Unidas ha expresado su preocupación a través de su portavoz, Jens Laerke: “Esto podría convertirse en una emergencia humanitaria en la que 5,7 millones de personas podrían necesitar asistencia humanitaria”, afirmó en una comparecencia de prensa reciente. Los ceilandeses huyen de la miseria y de la hambruna, de un país en bancarrota, sin medicamentos y sin combustible debido a los excesos gubernamentales alimentados por una deuda externa obscena. Quieren dejar atrás un Gobierno que ha realizado recortes fiscales cuestionables, políticas agrícolas desacertadas que han afectado al rendimiento de las cosechas (por ejemplo, se han eliminado los subsidios para fertilizantes), de una economía noqueada por la pandemia (el turismo, que ya se vio afectado por los atentados terroristas de 2019 donde fallecieron 269 personas, ha desaparecido) y por la guerra en Ucrania (incremento de los precios, especialmente en carburante y alimentos).
Los obstáculos parecen insuperables y la ciudadanía, además de no tener casi de nada, lleva meses sufriendo cortes de electricidad constantes. La intervención del Gobierno es casi nula con una deuda que se escapa de todos los límites: entre deuda interna y externa, Sri Lanka debe más de 8.000 millones de euros, mientras que, en marzo, la estimación de sus reservas era inferior a 2.000 millones de euros. Según la empresa financiera, Moody’s, se trata de la primera nación en Asia Pacífico en incumplir con sus obligaciones deudoras desde que lo hiciera Pakistán en 1999. A pesar de la difícil situación económica del país, el Ejecutivo se negó a recibir asistencia del Fondo Monetario Internacional, aunque en marzo, el presidente, Gotabaya Rajapaksa, reactivó las conversaciones y se han programado reuniones para un rescate económico.
Hay algunos ejemplos que describen a la perfección hasta qué punto se ha alterado el día a día en Sri Lanka durante lo que va de 2022. Millones de estudiantes no pudieron examinarse en el primer trimestre por la falta de papel y la incapacidad del Gobierno para conseguir importarlo. La inflación en mayo pulverizó todos los records y llegó a un 57,4 por ciento en productos alimenticios y a un 30,6 por ciento en general. Comprar patatas es casi un 75 por ciento más caro que el año pasado, adquirir arroz es un 64 por ciento más costoso y comprar pimientos rojos cuesta un 60 por ciento más que en el primer trimestre de 2021. Quizás esto explique el descontento social y los profundos cambios gubernamentales ocurridos en abril: dimisión del gobernador del Banco Central y de 41 miembros del Parlamento, incluido el primer ministro, Mahinda Rajapaksa. Su hermano, Gotayaba, se aferra a la presidencia sin ceder a la presión social, un descontento que ha provocado que las viviendas de Mahinda y de decenas de otras figuras políticas hayan sido consumidas por las llamas.
Hay más. Es tal la escasez energética que los cortes eléctricos, de gas y la falta de combustibles son constantes y las interrupciones de electricidad llegaron a superar las 15 horas diarias en abril. El Gobierno anunció las enésimas restricciones entre este miércoles y jueves pasado. Otras medidas incluyen la desconexión de iluminación en las calles con el fin de ahorrar. Según Reuters, en marzo dejaron de operar cientos de panaderías por la falta de gas. Las filas para comprar gasolina son tan largas y los problemas entre los que pasan horas esperando tan comunes que el Ejército ha tenido que intervenir. Todos los sectores están afectados: transporte, pescadores, agricultores, la propia Marina de Sri Lanka, que apenas tiene combustible para patrullar e incluso los hospitales están cancelando operaciones porque el personal médico y de enfermería no pueden llegar al trabajo. El sistema de salud está desactualizado y entre las carencias hay escasez de material para asistir a recién nacidos en partos de emergencia. Se han llegado a reportar intervenciones quirúrgicas que se han tenido que realizar con la única luz de la linterna del teléfono móvil.
Ante esta situación y para tratar de evitar que más ceilandeses traten de llegar a las costas australianas por barco ante la desesperación, el Gobierno del primer ministro laborista, Anthony Albanese, se ha comprometido a destinar 33 millones de euros para asistir a Sri Lanka ante la crisis alimentaria, de combustible y sanitaria. El compromiso ha llegado después de que una delegación encabezada por la ministra de Asuntos Internos de Australia, Clare O’Neil, se haya reunido con la cúpula gubernamental ceilandesa en la capital, Colombo. El primer asunto a tratar ha sido la proliferación de contrabandistas de personas que, desde la victoria en las elecciones del mes pasado del Partido Laborista y la derrota de la coalición conservadora, han prometido a sus víctimas que la entrada en Australia es más fácil. Esta afirmación ha sido negada en varias ocasiones por el primer ministro australiano e incluso O’Neil ha confirmado esta semana que la política de retorno será idéntica a la de sus predecesores. “Aquí en Sri Lanka tengo un mensaje muy sencillo: si intentan entrar en Australia en barco, serán devueltos inmediatamente. Las políticas de protección de fronteras de Australia no han cambiado”, apuntó la responsable de Interior.
La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha explicado que la contribución de Australia se destinará a ayudar a 3 millones de personas con el fin de satisfacer sus necesidades nutricionales diarias. Además pretende servir de apoyo al sistema de salud y a la recuperación económica, en particular para las mujeres y las niñas en situación de riesgo.
La situación en Sri Lanka es una de las que más preocupación internacional está causando, especialmente a las puertas de lo que muchos analistas económicos perciben como una recesión global. Las predicciones apuntan a que habrá otras naciones que comiencen a tener problemas similares, donde elementos externos expongan sus problemas internos y los eleven a la máxima potencia.