Una mujer acepta un año de cárcel y una multa de 50.000 euros por cobrar la pensión de orfandad de su hermano muerto durante dos décadas

  • Una mujer acusada de beneficiarse de la pensión de su hermano fallecido durante dos décadas ha aceptado un año de cárcel y una multa de 50.000 euros

  • La acusada no podrá obtener subvenciones y ayudas públicas durante dos años: tampoco podrá gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social

  • La Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará otra sesión en la que juzgará la responsabilidad de la entidad bancaria Abanca: "no cumplió con las obligaciones"

Una mujer, que está acusada de cobrar durante dos décadas la pensión de orfandad de su hermano fallecido, ha aceptado un año de cárcel y una multa de 50.000 euros en la vista de conformidad llevada a cabo este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. En concreto, la acusada ha consentido que se le condene por un delito contra la Seguridad Social, teniéndose en cuenta los atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

Además, a la septuagenaria se le impuso, durante dos años, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Sin embargo, el acuerdo alcanzado este martes fue parcial, ya que queda pendiente señalar otro día de juicio para determinar la responsabilidad subsidiaria de Abanca.

La acusada cobró cerca de 109.000 euros de la pensión de su hermano que murió en 1993

Los hechos ocurrieron durante unos 20 años. Según el escrito de la Fiscalía, la mujer cobraba una pensión de la que era beneficiario su hermano, fallecido en enero de 1993, de modo que llegó a percibir cantidades de las que se adeudan cerca de 109.000 euros abonados por el Instituto Social de la Marina hasta mayo de 2017. Asimismo, también se acusa a la entidad bancaria Abanca, ya que "no cumplió con las obligaciones en el RD 1391/1995 de Gestión Financiera de la Seguridad Social y de la Orden de 22 de febrero de 1996 de garantizar la pervivencia del beneficiado".

Por ello, el Ministerio Público solicitaba para la acusada una pena de cinco años de prisión y una multa de 500.000 euros, alcanzándose un acuerdo de un año de cárcel y 50.000 euros. En otro juicio se debatirá sobre la responsabilidad de Abanca.

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