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El pasado domingo, 25 de febrero, los 77 trabajadores de la auxiliar naval Soling Instalaciones, con sede en Vigo, se enteraron vía WhatsApp de que eran despedidos por la compañía, al aplicar un expediente de regulación de empleo extintivo (ERE).
La empresa, centrada en instalaciones eléctricas para buques, había sido adquirida por un nuevo administrador, el cual se presentó como Yakov Villasmil, que rechazó dar el nombre de la nueva empresa propietaria, y que comunicó a los trabajadores que se paraba la actividad, obligando “a los responsables que tenían llaves o material proporcionado por la empresa que lo entregasen”.
El empresario, de origen venezolano, había puesto el pie en la fábrica tres semanas atrás, el mismo tiempo que la plantilla “disfrutó” de vacaciones obligadas, tras las cuales se encontraron con un despido que consideran “no tiene carácter formal”.
Según informa la prensa local, el mensaje recibido por los tres representantes sindicales de la empresa reza lo siguiente: “Debido a la situación de la empresa, nos hemos visto en la necesidad de iniciar los trámites del ERE”, sin más explicaciones, aclara.
"Es un cachondeo absoluto sin sentido", ha criticado el secretario comarcal de Industria de la CIG, Xulio Fernández, quien ha solicitado a la compañía que, si quiere iniciar un ERE, que lo haga a través de los trámites que exige la legislación vigente, sentándose a negociar con los delegados del personal.
Los trabajadores, que ni siquiera han podido abordar las causas de este despido colectivo, consideran que el procedimiento no es válido y siguen acudiendo a las instalaciones de la fábrica que permanecen cerradas en la calle Paz Pardo de Vigo.
Allí, a las puertas de la empresa, un cartel informa que se han iniciado los trámites para un ERE y remiten al lector a un despacho de abogados, Betalegal, de Sabadell.
“Queremos asegurarles que estamos trabajando arduamente en negociaciones para intentar reestructurar la empresa y minimizar en la medida de lo posible el impacto en todos nosotros”, expone la nota.
Los representantes sindicales aseguran haber contactado con Inspección de Trabajo para conocer la legalidad del procedimiento de este ERE, por el que se han visto afectados un total de 77 trabajadores de las plantas del grupo de Vigo, Gijón y el País Vasco.
Los trabajadores, que no cobraron la nómina de enero y sospechan que tampoco cobrarán la de febrero, se encuentran ahora en un limbo laboral, al no poder trabajar en su empresa ni buscar otro empleo, y a la espera de que los abogados se pongan en contacto con ellos para regular su situación.
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