Euskadi negocia su propio SMI: de hasta 1.600 euros y diferente al del resto de España

En el País Vasco, los principales sindicatos —CCOO, ELA, LAB y UGT— han unido fuerzas para negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio que refleje la realidad económica de la región.

Esta iniciativa busca establecer un salario mínimo de convenio en Euskadi, con una cifra que algunos sindicatos sitúan en torno a los 1.600 euros mensuales, pero ¿es posible?

Justificación del SMI vasco

La propuesta de un SMI vasco superior al estatal se fundamenta, afirman, en varias razones clave. El País Vasco es una de las comunidades autónomas con el coste de vida más alto en España, especialmente en aspectos como la vivienda y servicios básicos, donde los precios superan la media nacional.

También, la región tiene un salario medio significativamente más alto que el promedio español, lo que refuerza la demanda de un SMI que se ajuste a esta realidad. Y, por otro lado, los sindicatos vascos defienden su capacidad de establecer condiciones laborales más favorables, adaptadas a las particularidades económicas y sociales de Euskadi.

Comparativa con el resto de España

A nivel nacional, el Gobierno español ha propuesto para 2025 un incremento del SMI de 50 euros, situándolo en 1.184 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que representa un aumento del 4,4 %.

Aunque supone un avance, esta cifra sigue por debajo del 60% del salario medio nacional, una recomendación de la Carta Social Europea que aún no se ha alcanzado.

Los sindicatos nacionales consideran insuficiente este incremento y reclaman un aumento a 1.200 euros, además de proponer exenciones fiscales al SMI para aliviar la carga de los trabajadores con menores ingresos.

Proceso de negociación en Euskadi

En Euskadi, los sindicatos han solicitado a la patronal Confebask la fecha del 6 de febrero para establecer una mesa de negociación en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). El objetivo es llegar a un acuerdo interprofesional que garantice un salario mínimo de convenio superior al estatal y que tenga en cuenta la realidad económica de la región.

El principal desafío será lograr consenso con la patronal, que argumenta que un SMI de 1.600 euros podría desincentivar la contratación en sectores con menor margen de rentabilidad, como la hostelería y pequeñas empresas.

Sin embargo, los sindicatos consideran que este salario no solo es justo, sino necesario para mantener la competitividad de los trabajadores frente al elevado coste de vida.

La implementación de un SMI vasco propio marcaría un precedente significativo en la descentralización de las políticas laborales en España.

También podría generar presiones en otras comunidades autónomas con contextos económicos similares, como Cataluña o Madrid, para reclamar ajustes en sus propios salarios mínimos.

Entre las diferentes ventajas, un SMI más alto podría fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, dinamizando el consumo interno y beneficiando al tejido empresarial. Sin embargo, los críticos advierten sobre el riesgo de un aumento en los costes laborales que podría afectar la competitividad de ciertas empresas.

El debate sobre el SMI vasco pone, de nuevo, sobre la mesa las desigualdades regionales en España y la necesidad de adaptar las políticas salariales a las realidades económicas de cada territorio.

El resultado de estas negociaciones en el País Vasco no solo afectará a los trabajadores locales, sino que podría sentar un precedente para futuras demandas en otras comunidades y liderar un cambio en el modelo salarial de todo el país.

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