Las consecuencias de la sentencia del Supremo sobre el conocido como 'caso De Miguel' empiezan a hacerse efectivas. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia confirma que el despido de los dos ex dirigentes del PNV alavés Alfredo De Miguel y Koldo Otxandiano, adscritos al sector público vasco, está ya en marcha. En una entrevista radiofónica, Tapia aseguraba que los dos trabajadores públicos ahora condenados "ya están en sus casas" y "hoy no han acudido a sus puestos de trabajo".
En este sentido, Tapia añadía que "la orden para proceder al despido de estas dos personas ya ha sido dada a sus respectivos gerentes" y ha añadido que "la decisión ya ha sido comunicada a los dos interesados y se procederá a hacerla efectiva a la mayor brevedad".
El martes 10 de enero el Tribunal Supremo confirmaba las condenas a los acusados por la trama de corrupción conocida como caso ‘De Miguel’. Tras conocerse la sentencia firme del Supremo, el Departamento que dirige Arantxa Tapia daba la "orden directa" para que las gerencias de Hazi y del Parque Tecnológico procedieran “al despido” de los dos trabajadores en cumplimiento del fallo y del Estatuto de los Trabajadores.
Hasta ahora el exnúmero dos del PNV en Álava Alfredo de Miguel trabajaba en la Fundación Hazi, un organismo público que impulsa la competitividad y la sostenibilidad del sector primario y alimentario y del medio rural y litoral vasco. Ni siquiera la sentencia de la Audiencia de Álava de 2019 hizo que dejara su puesto.
Ahora condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, se queda sin trabajo. Hoy ya no ha acudido. Por su parte, Koldo Otxandiano, condenado a 7 años y seis meses, hoy tampoco ha acudido a su puesto de contable en el Parque Tecnológico de Miñano en Álava.
Para el ingreso en prisión de los condenados por el caso 'De Miguel' aun no hay fijada una fecha. El Supremo debe trasladar a la Audiencia provincial de Álava toda la documentación, después los jueces se reunirán e informarán a las partes que podrán presentar alegaciones y posteriormente, se fijará el ingreso en prisión.