Más de 3.500 ucranianos han solicitado la protección internacional en Euskadi desde que comenzó la guerra
La protección internacional temporal es un requisito necesario para obtener un permiso de residencia y trabajo en la UE
Se cuentan entre ellas 2148 personas adultas y 1439 niñas, niños y adolescentes
Hasta el momento se han atendido a 368 personas en Bizkaia, 286 en Gipuzkoa y 224 en Araba
Mañana se cumplen seis meses de la invasión rusa de Ucrania. 3587 personas desplazadas desde este país han solicitado hasta la fecha la protección internacional temporal en las comisarías de Euskadi, requisito necesario para acceder legalmente a la UE y obtener un permiso de residencia y trabajo. Se cuentan entre ellas 2148 personas adultas y 1439 niñas, niños y adolescentes.
Son los datos oficiales registrados durante la última reunión de la Mesa de Seguimiento para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania, que revisará y actualizará estas cifras en su próximo encuentro, previsto para mañana día 24.
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A 28 de julio, fecha en la que tuvo lugar la última reunión, eran ya 878 las personas desplazadas que habían sido atendidas en el servicio de recepción y orientación inicial del Gobierno Vasco, gestionado por Cruz Roja; un total de 589 adultos, entre los que se cuentan 473 mujeres y 116 hombres, y 289 menores.
Por territorios históricos
Por territorios históricos, el servicio de recepción y orientación del Gobierno Vasco ha atendido a 368 personas en Bizkaia, 286 en Gipuzkoa y 224 en Araba. De acuerdo a los citados datos oficiales, 381 personas (229 adultos y 152 menores) ocupaban a finales de julio una plaza en el servicio de primera acogida dentro del SAPIT, el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal. 240 de ellas en Bizkaia, 56 en Gipuzkoa y 85 en Araba.
Hasta la misma fecha, 1518 personas habían solicitado en Osakidetza la tarjeta sanitaria DAST (Documento de Asistencia Sanitaria Temporal) y 1245 personas habían solicitado y poseían ya la tarjeta sanitaria TIS (Tarjeta Individual Sanitaria). 2763 personas tienen garantizada, por tanto, la cobertura sanitaria en Euskadi.
El curso escolar finalizó con 769 niñas, niños y adolescentes matriculados en el sistema educativo vasco; 360 en Gipuzkoa, 271 en Bizkaia y 138 en Araba. De forma paralela, 411 personas adultas procedentes de Ucrania habían solicitado matriculación en Escuelas Oficiales de Idiomas y Centros de educación para adultos (EPA); 267 en Gipuzkoa, 108 en Bizkaia y 36 en Araba.
Programas de ayuda
Por otro lado, las ayudas económicas recibidas y tramitadas a través del programa Azken Sarea Indartzen-Ucrania ascienden a un total de 1.232.113,81 euros. 942 demandas han sido recibidas y tramitadas, y son 903 las unidades convivenciales que han recibido ayuda.
De igual modo, el programa Loturak, iniciativa de articulación de una red ciudadana vasca de acogida que incluya a personas y familias refugiadas de Ucrania, ha tramitado 291 acogimientos familiares; ha brindado acompañamiento a 42 familias ucranianas; ha impulsado 204 formaciones y encuentros con familias acogedoras y 37 formaciones y encuentros con familias acogidas; y ha celebrado 103 reuniones con otras asociaciones y agentes locales.
Por su parte, el programa Berritze de apoyo psicosocial especializado, orientado tanto a personas y familias desplazadas por la guerra en Ucrania como a personas o familias de acogida, ha atendido a un total de 450 personas; 148 de ellas eran personas con estatuto de protección y 302 eran personas acogedoras.
Hasta final de año
Pese a que las ayudas prestadas por el Gobierno Vasco estaban inicialmente previstas durante 6 meses, según se ha explicado en la reunión, las prestaciones “podrían seguir cobrándose hasta el 31 de diciembre”. No obstante, las ayudas activadas por el Ejecutivo vasco desaparecerán una vez se canalicen las anunciadas por el Gobierno de España, recogidas en el Real decreto 673/2022, de 1 de agosto, que regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes.