El excomisario José Manuel Villarejo arremete duramente contra el juez que le mantiene en prisión provisional por el caso Tándem en el recurso de apelación que ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra su decisión de no excarcelarle mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus.

En el extenso recurso de 59 páginas, la defensa de Villarejo, que ejerce el abogado Antonio José García Cabrera, lamenta que no se haya adoptado "ninguna medida para proteger su salud y su vida" por parte del juez Manuel García Castellón, al que acusa de actuar "como si nada estuviera ocurriendo".

Todo ello, "cuando ya debía conocer" que en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), en el que está interno, "había personas infectadas", "contagio que además ya afectaba a su propio módulo". Critica así que, pese a esta circunstancia, el magistrado se permitió afirmar "con total desprecio a los derechos del investigado", que en la petición de excarcelación "no informaba si estaba 'infectado por el virus' -como si él pudiera saberlo-".

El juez también le replicó que tampoco explicaba qué riesgo específico podía tener para su salud su permanencia en prisión "sencillamente porque no existe el riesgo que se alude", conclusión que cuestiona el abogado porque ya en ese momento "se estaban materializando esos riesgos" con infectados en Estremera, funcionarios, internos e incluso un preso fallecido.

El abogado destaca que Villarejo lleva 29 meses en prisión preventiva, tiene 68 años y presenta "un cuadro pluripatológico con hipertensión arterial crónica resistente al tratamiento", así como "insuficiencia aórtica y mitral, arritmias cardiacas, asma bronquial, deterioro funcional progresivo, vulnerabilidad espinal residual a cirugía artrodésica lumbar, hiperplasia de próstata, hiperuricemia, alergias, problemas dermatológicos y estrés carcelario", lo que le hace más vulnerable al contagio.

Por eso no entiende que el juez llegue a afirmar "que en la prisión tiene menos riesgos que recluido en su domicilio", algo que "ya resulta incalificable", y le afea lo fácil que es hacer esa afirmación "desde la seguridad de nuestros hogares".

"Produce escarnio que ante una hecatombe universal que amenaza la vida y la salud de todos los habitantes de este planeta se pueda poner por escrito que prevalece el interés del estado de asegurar la presencia de una persona ante un tribunal y los fines de un proceso sobre su salud y su vida", denuncia.

Por eso concreta en su recurso que no pide su salida de prisión "para que se le trate de su enfermedad o para que esté mejor tratado cuando ya esté enfermo" sino que lo que pretende "es que se adopten medidas eficaces para disminuir el riesgo".

"No puede ser que existiendo medidas alternativas a la privación de libertad" como la prisión domiciliaria o medidas control con pulseras telemáticas "no se le apliquen al investigado quien, a diferencia de otros casos notorios, no tiene condena alguna", expone el abogado aludiendo a otros presos que han pedido su puesta en libertad habiendo sido ya juzgados y condenados, como el extesorero del PP Luis Bárcenas, al que también le fue rechazada la excarcelación.

Sobre el caso de su cliente, además de citar variada jurisprudencia, el letrado alude a un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la prevención de contagio y que considerar a la población reclusa más vulnerable. En ese informe, la OMS propone dar prioridad a medidas alternativas a la prisión para "delincuentes con perfiles de bajo riesgo y responsabilidades de cuidado".

El abogado también refleja las denuncias de sindicatos sobre la falta de control en las prisiones ante "la afluencia masiva de familiares en las salas de espera y locutorios", así como a la falta de equipos de protección para los funcionarios.

Recuerda además que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó el 24 de marzo que el porcentaje de funcionarios contagiados es "algo superior a lo que es el resto de la sociedad y por eso doy mucha importancia a lo que son los funcionarios de prisiones porque ellos están mucho más cerca de los focos, mucho más cerca del riesgo".

"Para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad -que es exponencialmente mucho mayor en un centro penitenciario que en su propio domicilio-," y por las patologías que padece Villarejo y que "se asocian a un mayor riesgo de contraer la enfermedad" o que su pronóstico sea "más grave o incluso mortal", el abogado insiste en que se libere a su cliente con del fin de "proteger su vida, su integridad física y moral".