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La finalización el próximo domingo del estado de alarma, que el Gobierno decretó hace seis meses, provocará que sean las comunidades autónomas y los tribunales los que gestionen las medidas para luchar contra el coronavirus.
En este sentido, el catedrático de Derecho Constitucional de la Univesidad CEU San Pablo, Leopoldo Abad, considera que el recurso de casación 'expres' decretado por el Ejecutivo hará que "se tomen medidas políticas bajo la forma de decisiones o sentencias".
En declaraciones a Europa Press Televisión, Leopoldo Abad ha explicado que el Gobierno ha intentando "unificar" todas las medidas a través del recurso de casación 'expres' que las CCAA podrán plantear ante el Tribunal Supremo, ante posibles denegaciones de los Tribunales Superiores de Justicia con las medidas que tomen para luchar contra la pandemia.
"La idea va a ser complicada porque el Supremo se va a ver envuelto en la toma de medidas que muchas veces tiene un contenido más político que jurídico", ha indicado Abad, al tiempo que ha añadido que "se llevará la patata caliente a los tribunales".
Además, el experto cree que es "muy ambicioso" que el recurso de casación se resuelva en 5 días, tal y como plantea el Gobierno. "Este tipo de recursos requiere de sosiego y maduración, y tomar decisiones en una semana sobre este tema va a ser complejo, máxime si se encuentran con un alud de recursos de las 17 comunidades autónomas, será difícil que se pueda cumplir el plazo", ha añadido.
Pese a todo, Abad, no cree que se vaya a producir un "caos" en las próximas semanas, aunque "sí que se puede llegar a muchas diferencias en las comunidades autónomas a la hora de regular". "Se va a producir una situación compleja porque cada CCAA va a tomar diferentes medidas", ha añadido.
El experto ha asegurado que una ley sanitaria hubiera sido lo más eficaz para amparar todos estos supuestos. "Hay un dejación del Gobierno por no haber tomado la decisión de hacer una ley sanitaria que amparará todos estos supuestos. No sé hasta qué puntos las leyes existentes son adecuadas para poder restringir derechos fundamentales", ha finalizado.