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Coinciden los historiadores en que Franco mantuvo hasta 1945 buenas relaciones con la aristocracia. Hasta que la nobleza comprobó que no pensaba en una inmediata restauración monárquica. Desde ese momento, las "buenas relaciones" se tornaron distantes. No mejoraron las cosas la decisión del dictador de crear su propio "cuerpo de nobles" en 1948. El premio a los leales al franquismo, no todos militares, que hubiesen realizado servicios a favor de la causa, tomaron forma de condado, ducado o marquesado. Incluso Grandeza de España, el máximo honor para un noble en España.
Del conde de las Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima- Conde de Fenosa- para el financiero gallego Pedro Barrié de la Maza (en 1955), al conde De Arruga al oftalmólogo Hermenegildo Arruga (en 1950), pasando por el marquesado de Ramón y Cajal al Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal. En total 37 títulos desde el 1948 a 1978, entre los que por supuesto están el duque de Primo de Rivera al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a titulo póstumo; marqués Queipo de Llano al general Gonzalo Queipo de LLano, o el duque de Carrero Blanco y Grande de España a titulo póstumo al teniente coronel Luis Carrero Blanco.
La revisión de toda esa liturgia aristocrática llega ahora de la mano de la nueva Ley de Memoria Democrática, uno de los grandes proyectos legislativos del Gobierno de coalición. 66 artículos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes, que vienen a rematar a la Ley de Memoria Histórica aprobada por otro gobierno socialista -el de José Luis Rodríguez Zapatero- en 2007.
Entre esos artículos está el que prevé la retirada de esos títulos y condecoraciones que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura. "La supresión afecta a aquellos otorgados a los instigadores y líderes del golpe militar de 1936", confirma Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática a NIUS. "Los títulos son incompatibles con nuestro sistema constitucional", añade.
Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática no se anticipa ni a quiénes ni a cuántos se les retirarán los títulos en cuanto la ley sea aprobada. Solo el criterio que marcará la decisión: "Podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos".
La familia Franco está convencida que el ducado que ostenta Carmen Martínez-Bordiú, la nietísima, desde julio de 2019, está claramente en el radar de los que caerán. Una nueva estocada. "Sin duda que el ducado de Franco está en el punto de mira del proyecto de ley, aunque suponga una desautorización expresa de una disposición del propio rey Juan Carlos", responde, vía mail, a este periódico el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina.
Sin conocer el articulado de la ley, Utrera-Molina ya avanza los reparos judiciales que están dispuestos a poner si hace falta. El ducado fue creado el 26 de noviembre de 1975, seis días después de la muerte del dictador y en vísperas de la coronación del rey Juan Carlos I.
"Con la ley en la mano, tendría que ser el propio rey quien revocase los títulos concedidos por su padre (una vez modificada la ley vigente, claro está), algo que seguramente será del gusto de algunos empeñados en hacer leña del árbol caído. En cualquier caso, es algo que no tiene precedentes en nuestra historia. Si nos dedicamos a repasar el catálogo de títulos nobiliarios, es difícil que la mayoría pase el filtro de lo políticamente correcto a los ojos de la sociedad actual".
Tras la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y la retirada vía tribunales del Pazo de Meirás a la familia del dictador, su entorno interpeta esta ley como un intento de borrarles de la historia. "Ellos seguirán llevando su apellido con orgullo, no tenga usted ninguna duda. Las revocaciones retrospectivas de títulos y honores concedidos en el pasado carecen de valor alguno, salvo para saciar el odio inextinguible de quien jamás podrá comprender el significado del honor. Franco está en la historia y de ahí no van a poder sacarlo", señala el abogado.
El mismo propósito, el de borrar una parte de la historia de España, es el que atribuye la familia de otro de los hombres de Franco, los Yagüe, al Gobierno de Sánchez. La primogénita del general falangista Juan Yagüe, atiende al teléfono a NIUS desde la sede social de la fundación desde la que defiende el legado de su padre. A sus 85 años, el torrente verbal de María Luisa Yagüe lo mismo incluye a la vicepresidenta Carmen Calvo, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la pandemia o la "derecha cobarde".
Franco premió con titulo nobiliario a algunos de los hombres que le ayudaron en la guerra y durante la dictadura a mantener con puño de hierro sometida a la población. El marquesado de San Leonardo de Yagüe fue concedido a titulo póstumo para el capitán general del Ejército dos días después de su fallecimiento, el 21 de octubre de 1952. Hoy lo ostenta su hijo, también militar, Juan Yagüe Martínez del Campo, de 75 años. Su hermana es quien le defiende.
"Cada uno es lo que es, el título de marqués no nos abre puertas, no tiene retribución económica, ni ningún privilegio", responde al teléfono. Denuncia la obsesión de Gobierno por "ajustar cuentas" con la historia. El reconocimiento de Franco a su padre prefiere interpretarlo como un premio no a su carrera militar, sino a su labor social. "Mi padre proyectó una ciudad deportiva en Burgos en el año 45, trajo la academia de ingenieros y en San Leonardo de Yagüe -el pueblo donde nació- hizo una barriada que recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Todo eso hizo mi padre", presume. Las operaciones militares y los muertos en la guerra no los menciona en su enumeración de las hazañas paternas.
"Ya nos quitaron la calle en Madrid y aquí... quieren borrar lo que no saben. Que nos dejen en paz. Yo no odio a nadie, hablo y recibo a todo el mundo", zanja María Luisa.
La ley de Memoria Democrática tendrá que recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le espera una dura tramitación parlamentaria. El Ejecutivo defiende la necesidad y la urgencia de cerrar una deuda de la democracia española con su pasado.
La respuesta de Ejecutivo a quienes critican el momento y la ley es contundente. "Las personas que interpretan que esto es una revancha olvidan que durante la dictadura franquista hubo unas políticas de memoria de gran escala que excluyeron radicalmente a los derrotados en la guerra. Para los vencedores hubo monumentos, estatuas, entierros de honor, homenajes, títulos nobiliarios, compensaciones económicas, puestos en las administraciones e instituciones educativas. Mientras tanto los vencidos eran criminalizados, estigmatizados e invisibilizados o yacían en las fosas comunes de cualquiera paraje geográfico del país. La historia no se borra, se explica", defiende Martínez López.
Si el anteproyecto sale adelante en el caso de los títulos nobiliarios, seguirán siendo un dato histórico, defienden en el Gobierno. Seguirán en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "La historia recogerá ambos hechos, su concesión durante la dictadura, y su derogación por la democracia por ser incompatibles con nuestros valores constitucionales".
Este periódico ha requerido a la Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino, entidad que agrupa a los nobles de España, que ha declinado hacer cualquier comentario sobre el anteproyecto de ley y sus consecuencias para algunos de los nobles que forman parte de ella.