Forcadell y Bassa entran en prisión tras revocarles el tercer grado: "Hagan lo que hagan no nos rendiremos"
Deniega también la aplicación de la semilibertad del artículo 100.2
La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsellera Dolors Bassa, ya han entrado en prisión después de que el Tribunal Supremo revocase el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve políticos condenados a prisión por el "procés".
Forcadell ha entrado en la cárcel de Mujeres de Barcelona, Wad-Ras, pasadas las 20:50 horas. Lo ha hecho arropada por el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta.
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Dolors Bassa, por su parte, a entrado en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), donde ha llegado acompañada de la consellera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, y la diputada de ERC en el Congreso y hermana de Bassa, Montse Bassa.
"Hagan lo que hagan, no nos rendiremos"
Justo antes de ingresar en prisión, Bassa ha recalcado: "Hagan lo que hagan no nos rendiremos y seguiremos adelante y digan lo que digan el diálogo y la negociación estará siempre".
Según ha expresado, siente "rabia, impotencia e indignidad", pero ha insitido en que seguirán adelante, y ha expresado su agradecimiento los manifestantes que estaban a las puertas de la cárcel, quienes han pedido "libertad" y han criticado la "represión" política.
Manifestaciones independentistas al grito de 'libertad presos políticos'
Tras conocerse la revocación del tercer grado, un centenar de vehículos y unas 200 personas convocados por la ANC se han desplazado este viernes a partir de las 18.30 horas, desde once puntos de Barcelona, para protestar contra la decisión del Supremo y pedir "libertad para los presos políticos".
Sobre las 19 horas han llegado cinco columnas de coches a la prisión de Wad-Ras y ante sus puertas han continuado gritando consignas entre banderas independentistas.
A la misma hora, cerca de un centenar de personas también se ha concentrado a las puertas de la cárcel de Puig de les Basses, donde igualmente se ha hecho una marcha de vehículos convocada por la ANC desde varias localidades gerundenses.
El Supremo considera que el tercer grado fue una medida prematura
La decisión del Supremo de recovocar el tercer grado a los 9 condenados por sedición se produce al considerar que su concesión se trataba de una medida prematura.
Además, igualmente ha anulado la aplicación a todos ellos de las medidas de semilibertad que tenían en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario por no estar dirigidas a un proceso de reinserción.
Los otros seis condenados ya estaban en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), porque se les había suspendido cautelarmente el tercer grado a la espera de la decisión del Supremo, que ha llegado este viernes.
Los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas han adelantado el fallo de los autos, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, en los que estiman los recursos de la Fiscalía contra el tercer grado y contra la aplicación del artículo 100.2 que se concedió a los presos antes de otorgarles el régimen de semilibertad.
El Supremo subraya que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del preso y el tratamiento penitenciario, teniendo, además, en cuenta que se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte de la sentencia.
La Sala también estima los recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat y ratificado después por los juzgados de vigilancia penitenciaria, por lo que tendrán que seguir en segundo grado.
Los jueces del Supremo reiteran su distanciamiento de algunas de las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria catalana sobre lo que debería ser el adecuado cumplimiento de sus funciones.
En ese sentido recuerda que “la Administración penitenciaria no puede distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión impuestas por los Tribunales. Su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena.