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Dos jubilaciones en el mes de abril ponen a la Sala III del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso Administrativo, al límite, porque se quedará con 25 magistrados, el mínimo legal para que puedan seguir funcionando sus cinco secciones, que deben tener al menos cinco magistrados cada una.
Con el Poder Judicial bloqueado desde hace más de tres años y sin capacidad para designar nuevos magistrados, el presidente de la Sala, César Tolosa, ha propuesto a la Sala de Gobierno que se propongan cambios legales y se refuercen las secciones con el intercambio de jueces entre secciones.
La primera medida será reorganizativa. Los dos asientos que quedarán vacíos en las secciones segunda y quinta (que supondría dejarlas con cuatro magistrados cada una) serán serán cubiertas por compañeros de las salas tercera y cuarta, que tienen seis magistrados cada una. Ellos se harán cargo de los asuntos que ahora llevan los dos jueces que se jubilan, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez,
Además, para mitigar "la extraordinaria carga de trabajo" que está llegando a la Sala, se propondrá que se cambie la ley que regula el recurso de casación en el orden de lo Contencioso Administrativo "para poder dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva", según informa el Alto Tribunal.
Algunos de los recursos que están llenando las mesas del Supremo son los que reclaman la responsabilidad del Estado por los efectos de las medidas contra la pandemia. De esos, según el Supremo, han entrado decenas en los últimos días, pero se espera que sean miles "en las próximas fechas".
La reforma legal que se propondrá pasa por que los juzgados puedan suspender causas que también se estén viendo en el Supremo. De esa forma, los asuntos quedarían paralizados hasta que el Alto Tribunal los viera y dictara sentencias de casación. Se pretende evitar que haya decisiones contradictorias y que los jueces de otros tribunales puedan esperar para ver qué camino les marca la Sala que preside César Tolosa.
También se planteará que cuando haya muchos recursos sobre un asunto, se admitan a trámite uno o varios y se congelen los plazos de los siguientes hasta que haya una sentencia sobre los primeros. El Supremo considera que eso también "permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo".
En el tribunal de la Plaza de las Salesas están a la espera de miles de recursos contencioso-administrativos por reclamaciones contra el Gobierno. Se trata de indemnizaciones que el Consejo de Ministros ha desestimado y que fueron presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños por la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia del COVID.
Para afrontar estos litigios, se solicitará al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado/a de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Asimismo, se propone un plan específico para la Sección Cuarta ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas COVID, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65).
En la próxima reunión de la Sala de Gobierno se valorará la situación general del tribunal y en concreto de las restantes salas.