El Tribunal Supremo ha dictado este jueves dos autos por el que confirma el cierre de la instrucción por el proceso soberanista en Cataluña, que realizó el juez Pablo Llarena, y sienta en el banquillo de los acusados a 18 líderes independentistas acusados de rebelión y malversación de caudales públicos. Entre ellos se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los exconsejeros en prisión o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Por otra parte, la Sala ha confirmado el sobreseimiento de la causa del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la exdirigente de PdeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), Neus Lloveras. Además, han fijado un plazo de cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox para que presenten su escrito de calificación.

Estas resoluciones suponen el pistoletazo de salida del juicio que comenzará en los próximos meses y en el que siete magistrados de la Sala de lo Penal juzgarán a los procesados por rebelión y malversación, que se encuentran en prisión provisional: el exvicepresidente Junqueras; el expresidente de la Asociación Nacional Catalana Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; y la expresidenta de la cámara parlamentaria catalana Carme Forcadell (esta última solo imputada formalmente por el primero de los delitos).

También serán enjuiciados los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, procesados por desobediencia y malversación, así como la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, por el delito de desobediencia.

Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentra huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.

En uno de estos autos, los magistrados del alto tribunal han rechazado todas las diligencias de pruebas solicitadas por las distintas partes, que pedían que la causa volviera al juez instructor, Pablo Llarena, para que las pudiera practicar.

Entre ellas, solicitaban, por ejemplo, que se analizara el Facebook de la secretaria judicial que estuvo presente en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 y que tuvo que salir por la azotea.