Así lo ha comunicado en una rueda de prensa convocada de forma urgente en la Real Casa de Correos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya decidido este lunes mantener la suspensión cautelar del proceso de externalización de seis hospitales públicos.
"El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de la externalización de la gestión sanitaria a la vista de la resolución dictada por los tribunales", ha señalado González, asegurando que aceptan y cumplen los fallos judiciales "con independencia" de que estén "más o menos de acuerdo con los mismos, como ocurre en este caso".
En su opinión, "no parece razonable que para la adopción de una medida cautelar" lleven "más de siete meses sin tener definida la situación". Esto, ha añadido, ha generado "una situación de incertidumbre" que no se puede "mantener por más tiempo", si bien ha añadido que siguen pensado que el modelo de gestión elegido es "legal y posible".
González también ha comunicado que había aceptado la dimisión del Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.
El hasta ahora consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha afirmado que la decisión de dejar sin efecto el proceso de externalización sanitaria es "lo que más conviene a la sanidad madrileña, y ha explicado que ha decidido dejar el cargo "por rectitud y sentido de la responsabilidad".
"He decidido dejar el cargo de consejero porque yo fui quien propuse este proyecto, lo puse en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible", ha señalado Lasquetty tras presentar su dimisión como consejero de Sanidad después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso.
"Me marcho por rectitud y sentido de la responsabilidad", ha señalado Lasquetty, quien ha confirmado lo ya avanzado por Ignacio González de que su sucesor, el doctor y portavoz de sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, Javier Rodríguez, "va a ser un magnífico consejero".
Historia de un fracaso
El cambio de postura de la Comunidad se ha producido horas después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM haya decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación".
Entre otros motivos, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".
Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".
Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su político sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".
Con la decisión de la Sección Tercera, el tribunal mantiene la medida cautelar que decretó la sección tercera de la Sala a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.
Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicataria el 5 por ciento del importe del contrato al 5 por ciento anual.
El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.
En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.
El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.