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El 20 de setiembre de 2017 es una fecha decisiva en la reciente situación política catalana y este viernes celebra su segundo aniversario.El asedio a la “Conselleria” motivó el encarcelamiento de los “Jordis” y marcó un antes y un después en el conflicto. Ese día a las 7:50 de la mañana la Guardia Civil entró en 41 edificios públicos, entre ellos, la conselleria de Economía. El registró provocó que durante casi 24 horas miles de personas se concentraran en la puerta y acabó con coches de la Guardia Civil destrozados y una secretaria judicial saliendo por la terraza.
El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, ordenó a la Guardia Civil registrar distintas sedes del gobierno catalán para desmantelar los preparativos del referéndum convocado por el Govern de la Generalitat para el 1-0 y ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Es lo que se llamó Operación Anubis. En total se llevaron a cabo 41 entradas y registros en Barcelona y en otros puntos de Catalunya. Pero sin lugar a duda, la Consellería de Economía fue uno de los escenarios claves de la jornada.
El ambiente en la capital catalana ya estaba crispado el día anterior. Centenares de manifestantes independentistas bloquearon durante tres horas la puerta de acceso de la comisión judicial a la empresa de mensajería Unipost, situada en el polígono industrial de Terrassa. La concentración de ese dia fue el primer ensayo y el preámbulo anticipado de lo que sucedería al día siguiente.
La comitiva judicial que realizó el registro de la sede de la Consellería estaba integrada por Montserrat del Toro, secretaria judicial del número 13, y varios agentes de la Guardia Civil. Llegaron a la sede alrededor de las 8:00 de la mañana y los agentes no pudieron salir hasta la madrugada del jueves.
Pasadas las nueve de la mañana el mundo independentista empezó a recibir noticias sobre el operativo y empezaron a concentrarse ante la Secretaría General de Hacienda de la Consejería de Economía. Jordi Sánchez presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, llegaron a la sede a primera hora de la mañana.
Durante las horas que la comitiva permaneció en el interior de la Conselleria se registraron varios despachos, especialmente el de de Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidència y Lluís Salvadó, secretario de Hacienda. Dos de los 14 detenidos ese día.
Mientras se realizaba el registro, en la puerta, los ánimos de los ciudadanos concentrados empezaban a crisparse. Los agentes de la Guardia Civil solicitaron durante el día cinco peticiones de ayuda a los Mossos d’Esquadra. En especial, a las 12:00 del mediodía el Instituto Armado pidió a los Mossos “medidas disuasorias necesarias para mantener el orden público (...) y “la habilitación de un pasillo de seguridad que permita la práctica de la diligencia de entrada y registro con la comisión judicial, así como su salida de la ubicación citada”.
Una hora después, la Guardia Civil informó que la concentración en el exterior de la conselleria los había dejado aislados dentro de la sede y que temían que sus vehículos pudieran ser saqueados por los manifestantes.
Tras varias horas concentrados antes las puertas de Conselleria, la imagen más recordada es la de los “Jordis” subidos encima de uno de los coches destrozados de la Guardia Civil con un megáfono en la mano. Eran las 23:45 de la noche, y a esa hora la comitiva judicial no había salido del interior.
Al filo de la media noche la secretaría judicial finalmente abandonó el edificio saltando por un tejado al teatro Coliseum. Habían pasado quince horas desde que llegó por la mañana. En su declaración en el juicio del “procés”, la letrada manifestó que su salida por la puerta de atrás fue “humillante” y que pasó verdadero “terror”.
A raíz de estos acontecimientos, los presidentes de las dos entidades soberanistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son detenidos y acusados de rebelión. En el juicio del “procés” la fiscalía pidió para ellos 17 años de cárcel e inhabilitación. En octubre cumpliran dos años en prisión preventiva, mientras esperan que en las próximas semanas el Tribunal supremo dicte sentencia.