El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprobado el tercer estado de alarma en España desde que la pandemia del coronavirus llegó al país. El Ejecutivo tiene la intención de prorrogarlo hasta mayo de 2021, pero para ello tendrá que contar con los apoyos suficientes en el Congreso. Con el nuevo decreto, que ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE, se fija un toque de queda obligatorio para toda España, excepto Canarias, entre las 23:00 y las 6:00 horas, aunque deja a las comunidades autónomas la potestad de retrasar o adelantar su activación una hora respecto a esa franja.

Con carácter general, la circulación queda vetada desde las 23:00 hasta las 6:00 en todo el país salvo por la causas especificadas en la norma (comprar medicamentos, ir al trabajo, regresar al domicilio, cuidar a mayores o menores); esta medida excluye a Canarias por sus buenos datos epidemiológicos. Pero cada comunidad podrá modular la franja horaria y decidir que sea a partir de las 22:00 o a medianoche y hasta las 5:00 o las 7:00 de la mañana, ha aclarado el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa desde Moncloa tras la finalización del Consejo de Ministros extraordinario.

No obstante, las comunidades autónomas podrán levantar esta medida a partir del 9 de noviembre, en función de cómo evolucione su situación epidemiológica.

Además, el decreto aprobado reconoce desde ya a los presidentes autonómicos como autoridades delegada en sus comunidades. Asimismo, se establece que el espacio de cogobernanza entre las diferentes CCAA, y donde se detallarán nuevas medidas o se modularán las actuales, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Por ello, las autonomías, según ha dicho Sánchez, podrán confinar su territorio completo o el de un "ámbito territorial inferior", decisión que deberá tomarse con "sentido común" para que se permita actividades como la de acudir al médico, al trabajo o al centro educativo.

De la misma forma, las autonomías podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados hasta un máximo de 6 personas, como ya viene ocurriendo en la mayor parte.

El Consejo de Ministros extraordinario del domingo se ha celebrado después de que Sánchez manifestara el viernes en su declaración institucional que estaba "listo" para adoptar las medidas que hiciera falta para doblegar la curva de contagios, tras alertar de que ya se había superado la cifra oficial de un millón de contagios.

Por todo ello, Sánchez decidió finalmente celebrar el domingo, tras haber regresado ya de Roma de ser recibido por el Papa, este Consejo de Ministros extraordinario y no esperar ni siquiera a que se celebre el lunes la Conferencia de Presidentes prevista desde hace semanas.

Este estado de alarma llega un día después de que decayera el sábado el que declaró el Gobierno de manera "territorializada" en la Comunidad de Madrid hace dos semanas, para poner en marcha las medidas ordenadas por le Ministerio de Sanidad que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se negó a aplicar.

También llega después de que el Gobierno y las comunidades aprobaran el jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contemplaba ya expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas "excepcionales", tal y como recordaba Sánchez en su comparecencia.

Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de "cogobernanza" con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, se encargaran de gestionar la pandemia.

En esta línea, a finales de agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma "territorializado" que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. En ese momento, Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición.