En la séptima reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos desde el inicio del estado de alarma, el presidente del Gobierno les ha comunicado que será la Administración central la que fije las "reglas comunes" que todos deberán seguir para la desescalada tras la etapa de confinamiento provocada por la pandemia de coronavirus, aunque esta sea asimétrica y por etapas en función de la situación y capacidad de respuesta de cada zona.

La gestión del desconfinamiento centralizada es algo que no comparten todos los presidentes autonómicos. Por ejemplo Iñigo Urkullu en Euskadi. El lehendakari insiste en la necesidad de que sean las comunidades autónomas quienes dirijan esta transición hacia la normalidad. Y pone como ejemplo el modelo descentralizado de Alemania: "más criterio y menos tutelas", apunta. Para Quim Torra, desde Cataluña, esta centralización no ha funcionado antes y tampoco servirá ahora.

Otras comunidades, gobernadas por el PP, también apuestan por su autonomía en el proceso, como Murcia o Madrid, entre otras. Isabel Díaz Ayuso pide que se les escuche antes y que se trasladen las videoconferencias al Senado. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo aboga por conceder margen de maniobra a las autonomías, pero defiende la gestión de un mando único estatal a la vez que agradece al presidente del Gobierno que les haya concretado las medidas de desconfinamiento.

Los presidentes del PP, en general, han exigido a Sánchez que comparezca ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, reclamación que hizo esta misma mañana el presidente de su partido, Pablo Casado, para debatir en ese foro el plan de desescalada.

Desde Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha solicitado que comience la desescalada de las actividades económicas y se permita la apertura de comercios y también actividades habituales en la región como el cultivo en huertas, ir a pescar con caña o en bote, a recoger setas o a hacer surf. En general, los presidentes autonómicos socialistas están de acuerdo con que haya criterios comunes para todas las comunidades, aunque la dirigente de Baleares, Francina Armengol, ha pedido a Sánchez "un margen de decisión propia para regular la ejecución" de las medidas de desconfinamiento.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, por su parte, defiende la asimetría en la desescalada y por eso ha transmitido al jefe del Ejecutivo que el archipiélago ya está listo para iniciarla, ya que se cumplen con los parámetros de capacidades y de recomendaciones sanitarias. En este sentido, ha dicho que Sánchez ha tomado nota de esta propuesta y que no ha habido un 'no' por respuesta. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado claro que esta comunidad "no va a empezar" a aplicar su propio programa de desescalada este lunes.

Illa ha remarcado que "las actividades que se vayan abriendo son comunes, pero esto no significa que no haya una parte muy importante a gestionar por parte de las comunidades autónomas". El ministro ha adelantado que este lunes se ha convocado una reunión con los consejeros regionales para que transmitan sus propuestas de cara a la aprobación del plan de desescalda que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros.

Illa ha hecho hincapié en que las comunidades sólo podrán empezar a actuar en este sentido una vez que el Consejo de Ministros apruebe el plan general el martes y que, en cualquier caso, únicamente podrán empezar a relajar medidas en todo o parte de sus territorios cuando comprueben que se cumplen los indicadores que se van a fijar en el mismo.

"En el marco del plan que se aprobará el martes, se podrá empezar a evaluar qué comunidad o qué parte de cada comunidad cumple los requisitos", ha enfatizado Illa, incidiendo en que la desescalada se hará de forma "gradual y coordinada". "No le perdamos el respeto al virus", ha repetido en varias ocasiones.

El ministro ha insistido en que las comunidades autonómas ejercerán un "papel fundamental" en la desescalada, pero no sólo ellas, sino también el conjunto de las administraciones públicas como diputaciones o ayuntamientos. Por eso, ha vuelto a decir que el Gobierno recogerá sus propuestas y el Ejecutivo fijará "un conjunto de indicadores" para así "actuar coordinadamente".