El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que, aunque no se puede desechar ninguna medida, las nuevas restricciones que se aplican en Galicia se adoptan, entre otras cuestiones, para "intentar evitar" el confinamiento domiciliario. También para bajar la presión asistencial en centros sanitarios, de discapacitados y residencias de mayores, y para tratar de "salvar" la campaña de Navidad.

Por ello, el presidente gallego ha pedido la "ayuda" de "todos" los ciudadanos para "salvar la campaña de Navidad" y poder reabrir en diciembre tras decretar el cierre de la hostelería desde este viernes, 6 de noviembre, sector para el que ha avanzado que se aprobarán ayudas en el Consello.

"Vamos a ayudarles", ha subrayado Feijóo tras asegurar que con las nuevas medidas del Ejecutivo "hemos puesto en cuestión la Navidada dando un palo durísimo a todo el sector turístico y hotelero". Según Feijóo, se podría gestionar "igual" y "sin tanto alarmismo" la pandemia con una legislación adecuada, que ha vuelto a insistir en articular.

A pesar de la crisis económica y social provocada por la pandemia, los ayuntamiento no tienen previsto reducir sus gastos en la iluminación navideña. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, colocará este año luminarias en 210 calles y plazas de la ciudad, con 30 emplazamientos más que en 2019.

El consistorio regido por José Luis Martínez Almeida tenía la intención de incrementar la partida presupuestaria para el alumbrado navideño, que considera "una importante contribución al impulso turístico y comercial de la ciudad", pero la crisis sanitaria del coronavirus "ha trastocado los planes y las prioridades".

"Este año más que nunca, los madrileños merecen que la capital brille en unas Navidades que serán muy diferentes a las que hemos conocido hasta ahora", concluyen desde el Consistorio.

Algo similar ocurre en Barcelona donde su Ayuntamiento invertirá este año 1,7 millones en la iluminación navideña de la ciudad (un 65 % más que el año pasado, cuando se destinaron 1,2 millones) con el objetivo de "relanzar la vida comercial" de los barrios del centro.

Las luces navideñas de las calles de Barcelona se encenderán a las 17:30 horas desde el 26 de noviembre hasta el 7 de enero y este año se iluminarán más de 100 kilómetros lineales de vías públicas con una potencia contratada superior a años anteriores, de mil kilowatios.

Pero no todos están de acuerdo con este gasto. En Cantabria, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha instado al equipo de Gobierno a que esta Navidad el alumbrado “sea más austero” y que el ahorro se destine a gasto social.

También en el Partido Popular hay voces críticas contra este gasto suntuario. En Vigo, la formación liderada por Pablo Casado ha reclamado al consistorio dirigido por Abel Caballero que no vuelva a sacar a licitación algunas de las tradicionales atracciones de la Navidad en esta localidad pontevedresa tras haber quedado desierto el concurso para su montaje y explotación.

Al contrario de lo que opinan sus compañeros madrileños, el PP de Vigo sostiene que "no es realista" plantear la instalación de atracciones o de un mercadillo navideño como tampoco es el momento de hablar de las luces de Navidad, dadas las circunstancias, con el avance de la pandemia del coronavirus y la declaración de un nuevo estado de alarma.

La plataforma Juntos con la Hostelería ha urgido a las autoridades a aprobar un plan de rescate para el sector que incluya "ayudas directas a fondo perdido" por valor de 8.500 millones de euros ante el fuerte impacto de la pandemia en su negocio.

Los responsables de la iniciativa, constituida por las patronales de hostelería, industria alimentaria (FIAB) y sector de gran consumo (Aecoc), han instado a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, a retomar cuanto antes la propuesta que lanzó el 28 de octubre, cuando anunció que convocaría a las comunidades autónomas para definir un programa de apoyo.

Entre sus peticiones se encuentra la de "derogar" la cláusula de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que obliga a las empresas que se acogen a esta medida a no poder despedir a ningún trabajador "en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad".

"Es una necesidad la reestructuración de muchas empresas y autónomos si quieren garantizar su supervivencia, lo que las obliga a tomar la decisión de aplicar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) o concursos, por lo que están actuando sin ánimo defraudatorio, sino por puro estado de necesidad", han defendido los portavoces de Juntos con la Hostelería.

La plataforma reclama al Gobierno español que se sume "a la tendencia europea" y siga los pasos de países como Alemania o Francia, que destinarán 10.000 millones de euros en ayudas directas al sector.

Además, en el caso germano también se incluyen "importantes reducciones de IVA y medidas de fomento de la demanda", mientras Francia ha lanzado bonos al consumo y ha prolongado los Expedientes de Regulación de Temporal (ERTE) hasta 2022.

"Países como Grecia han aprobado ayudas a los sectores afectados en el turismo por un importe seis veces mayor que el aprobado en España, además de haberse sumado a la una reducción del IVA en la hostelería y medidas de fomento a la demanda", han advertido los responsables de la plataforma.

De acuerdo con sus cálculos, en el país se necesitan 8.500 millones de euros para "frenar el desplome" de la hostelería por la pandemia, que amenaza ya con cerrar en torno a 100.000 establecimientos (un tercio del total) y destruir un millón de empleos.

Los impulsores de la iniciativa han resaltado que este apoyo directo con fondos públicos también permitiría "prevenir un impacto muy considerable en las arcas públicas en términos de reducción de recaudación" debido a la caída de actividad y al cierre de empresas.

De forma paralela a estas ayudas directas, la propuesta de los hosteleros recoge que se apliquen fondos europeos al mantenimiento de empresas y autónomos, la definición de un "Plan Estratégico de la Gastronomía de España" que establezca prioridades a la hora de aplicar los recursos y un programa de formación específico para la profesionalización del sector.

Otros puntos incluidos en el documento elaborado por Juntos con la Hostelería son ampliar los plazos de devolución de los créditos concedidos durante la pandemia y regular los precios del alquiler (permitiendo no pagar cuando la actividad cierra y reduciendo la renta en función de las limitaciones vigentes).

El sector aporta a las arcas públicas cerca de 17.500 millones de euros y representa un 6,2 % del PIB, según estas mismas fuentes.

Los hosteleros han criticado la ausencia de ayudas económicas específicas pese a ser objeto de numerosas restricciones con motivo de la covid-19, y han insistido en que las cifras que maneja el propio Ministerio de Sanidad sitúan a los bares y restaurantes como el foco del 3,3 % de los contagios acumulados desde mayo, un porcentaje inferior al de otros ámbitos.

Han subrayado, además, que los planes "Marshall" puestos en marcha en Europa para apoyar a la industria turística ascienden ya a 130.000 millones de euros, de los cuáles 4.262 millones corresponden a España.

Han considerado que esa cantidad es insuficiente al representar apenas el 3,3 % de todo el importe pese a que el peso del turismo en la economía nacional es sensiblemente superior al de la mayoría de países europeos.