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La negociación entre los miembros de la coalición de gobierno para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana está siendo contestada en la calle por los sindicatos de todas las Policías que operan en Euskadi, Ertzaintza, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Es la primera que encontramos esta unidad entre los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El miembro del SUP Ramón Cossío, que ha ejercido de portavoz de esta plataforma, ha denunciado que se permitan "concentraciones espontáneas", sin comunicar, u otro tipo de "variables" introducidas mediante enmiendas para reformar la Ley y "que dificultan que se pueda garantizar la seguridad ciudadana".
Ello se suma, según ha explicado, al "escaso número de policías que hay porque no se reponen" tras su jubilación, o la falta de recursos de los agentes que están en la calle.
PSOE y Unidas Podemos ultiman la negociación para cerrar los últimos detalles de las enmiendas conjuntas de cara a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' por sus detractores. El anuncio ha provocado la respuesta de los principales sindicatos policiales y de la Guardia Civil al entender que tarerá un "aumento de la violencia" hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al tiempo que se les deja desprotegidos ante los manifestantes más violentos.
¿Pero cuáles son estas reformas? Por lo avanzado por los negociadores de PSOE y Podemos, los acuerdos se centran en siete puntos clave:
El pacto entre ambas formaciones que han ido desgranando en las últimas dos semanas se centra en estos aspectos de los cuales, el más polémico, las devoluciones en caliente, quedará finalmente más descafeinado de lo que hubiera querido la formación morada.
Esta figura, avalada por el Tribunal Constitucional y de Derechos Humanos de Estrasburgo, desaparece de la nueva de ley seguridad pero no de la ley de extranjería.
Ambas formaciones también ha acordado retoques en los tiempos de identificación en comisaría. No excederán de dos horas y se realizarán en "causa excepcional debidamente alegada y verificable". Además, una vez concluida "la persona identificada sea devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría".
El importe de las multas también está entre las enmiendas pactadas, con el objetivo de reducir las cuantías que son excesivas y de aplicar las mismas con criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del sancionado.
Ajustes también en la regulación de los cacheos o registros corporales policiales, un precepto que ya estaba previsto cuando la reforma se vio truncada.
La nueva norma determinará que esta práctica policial solo se podrá hacer cuando existan "indicios concretos y comprobables" y en todo caso, cuando impliquen dejar a la vista parcialmente el cuerpo, deberán realizarse en lugares donde se preserve la intimidada del administrado, fuera de la vista de terceros.
Consensuado con anterioridad y que PSOE y Unidas Podemos incluyen entre sus enmiendas figuran también la supresión de la prohibición de la toma y difusión de imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad en manifestaciones u operaciones policiales sin su autorización, un precepto que fue anulado por el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia en la que avaló el grueso de la ley mordaza.
De esta forma, con la futura ley, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias.
Por último, en cuanto al derecho de reunión, las enmiendas prevén garantizar la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la reforma de los artículos referidos al Derecho de reunión, "sin que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica".
Además, según han explicado fuentes conocedoras de la negociación entre ambas formaciones, existe una propuesta de base aunque aún no es definitiva para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se producen incidentes en protestas.
Esta redacción, se dirige sobre todo a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes 'antidisturbios', dado que ha habido varios casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo al recibir impactos de este material.
Los sindicatos policiales han mostrado su recelo al pacto de PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015 al recelar de la posible alternativa a la limitación del uso de pelotas de goma como material antidisturbios o a que los agentes se conviertan en "taxistas" con los detenidos, por la mención a que habría que devolverlos al lugar en el que fueron arrestados.
Las organizaciones ven con preocupación los detalles que se van adelantando sobre una norma que el Gobierno de coalición se ha comprometido a derogar. "No se puede restar autoridad a los policías y favorecer a los que delinquen", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Pablo Pérez, portavoz de JUPOL, el sindicato mayoritario.
"Podríamos estar de acuerdo en la eliminación de las pelotas de goma siempre y cuando nos dotasen de otro material que cumpliese con las mismas garantías y con el mismo poder disuasorio en problemas de orden público de cierta gravedad", ha apuntado el portavoz de JUPOL.
Rebajar la presunción de veracidad del agente levanta sospechas porque entienden que "se pretende restar autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y favorecer siempre a los que incumplen la ley y delinquen". "La palabra del agente tiene que tener la presunción de veracidad y, luego, si se demuestra lo contrario, se actúa vía judicial y régimen disciplinario".
A todos los sindicatos les preocupa permitir la difusión sin autorización previa de imágenes de policías en su trabajo diario porque, en palabras del SUP, "supone un peligro evidente para la integridad física de los agentes y de sus familias".
Además, facilitar la celebración de manifestaciones "espontáneas", sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, lo ven un riesgo porque "atenta directamente contra las libertades del resto de ciudadanos y vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir".
También aguardan a la propuesta final sobre las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes, que quedarán reguladas tan sólo en la ley de extranjería.
Además, avisan de un "choque normativo" con el artículo 21.2 de la Constitución respecto a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, "que exige en todo caso comunicación previa a la autoridad". "Se está criminalizando a los policías", por lo que demandan una regulación que "haga posible el cumplimiento de sus funciones constitucionales con total garantía".
"La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 va a infligir un daño grave e irreparable a la operatividad policial de salir adelante en los términos conocidos", ha avisado la CEP, otro sindicato de la Policía Nacional, que entiende que llega en el "peor momento por el aumento de incidentes" relacionados con los botellones de jóvenes y lo comportamientos incívicos.
"Abrirá paso a la impunidad de los violentos y llega de la mano de la conveniencia política, y no de la necesidad técnica", argumentan desde la CEP.
Este sindicato entiende que si se prohíbe el uso de pelotas de goma como material antidisturbios se "amputará el trabajo policial", lo que interpretan como "la mayor injerencia operativa en la historia de la Policía Nacional", de ahí que anuncie su apoyo a que los partidos políticos frenen la reforma en el Parlamento o a través del Tribunal Constitucional.
AUGC, asociación profesional de la Guardia Civil, valora lo pactado por los socios del Gobierno como una amenaza porque los agentes quedan "vendidos" ante una intervención problemática en la vía pública. "Va a ser muy difícil plantear la actuación policial a seguir ante un eventual conflicto en una manifestación", auguran.
"Trabajamos sin medios, sin personal y ahora con una ley que no avala ni defiende nuestras actuaciones. Desde luego que el derecho a manifestación debe estar garantizado pero también hay que respetar el derecho del resto de la ciudadanía", defiende el portavoz de AUGC, Pedro Carmona, que también cree que se promueve la "impunidad de quienes promuevan agresiones contra los agentes o comportamientos incívicos".
"Los artículos que se modifican no benefician a los manifestantes que de modo pacífico ejercen su derecho fundamental, sino a aquellos que, de modo organizado, atentan contra ese derecho creando disturbios y alarma social, aprovechándose de manifestaciones pacíficas", denuncia AUGC.
El texto para esta reforma ha estado más de un año "dormido" en los cajones del Congreso, pero a partir de este miércoles 10 de noviembre se ha desatascado al concluir el plazo de enmiendas que se han ido prorrogando hasta en cuarenta ocasiones.
Fuentes parlamentarias aseguran que la modificación de la ley, que desde que entró en vigor en julio de 2015 ha estado abocada a ser retocada, se activa este miércoles, si bien no hay fecha aún para que arranquen el debate de los grupos con todas las enmiendas, debido a la coincidencia con la tramitación de los presupuestos generales.
Con todo, fuentes socialistas se muestran convencidas de que el inicio de los trabajos de reforma comenzará "lo antes posible", con el objetivo de contar pronto con una nueva norma, ya que se trata de un compromiso electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del PCE , son los principales negociadores del acuerdo que está solo a falta de retoques para registrar este miércoles las enmiendas tienen prácticamente cerrado el texto para registrar las enmiendas el miércoles.
Así, el primer paso para revisar la polémica ley mordaza se dará en la Mesa del Congreso cuando la mayoría de grupos respalde poner punto y final al plazo de enmiendas -ha habido 40 prórrogas desde noviembre de 2020-, de forma que se volverá a abrir de nuevo la puerta a que la Comisión de Interior convoque la ponencia y emprenda los trabajos de reforma.
Un camino que ya se inició en 2017 cuando el Congreso aprobó la proposición de ley del PNV que ponía el foco en 44 apartados, entre ellos la eliminación de la obligación de comunicar a las autoridades las protestas espontáneas, así como las que se hagan en estos términos, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.
Las elecciones generales de abril de 2019 truncaron el nuevo texto. Después, la pandemia y, sobre todo, las dilaciones de las enmiendas, hicieron encallar el proyecto que en estas últimas semanas PSOE y Unidas Podemos han acordado desatacar con más de cuarenta enmiendas presentadas de forma conjunta.
"La ley mordaza se va a modificar porque así lo ha propuesto el PNV. Nadie más ha presentado una propuesta de reforma; ni PSOE ni Unidas Podemos ni EH Bildu". Con esta afirmación, el portavoz del Grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, reivindicaba este lunes en una entrevista en Euskadi Irratia que el PNV ha sido el verdadero impulsor de una nueva norma.
De hecho, desde el PNV reprochan que el acuerdo de los socios de Gobierno incluye asuntos que ya fueron pactados y consensuados en 2019 por más de dos partidos.
Además confirman que su portavoz Mikel Legarda se reunió el jueves pasado con diputados socialistas y representantes del Ministerio del Interior que les informaron de que el inicio de los trabajos era inminente. Legarda les recordó que en 2019 se alcanzaron acuerdos que podrían servir de guía.