El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha terminado su declaración a las 11.15 horas, y ha prestado declaración unos 45 minutos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le investiga por un presunto delito de desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos, tras llegar acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas.

Tras declarar ha realizado una declaración institucional en la Generalitat en la que ha tachado nula de pleno derecho su causa judicial por no retirar lazos de edificios públicos, porque considera que la Junta Electoral Central (JEC) no tiene competencias, pero está dispuesto a pagar "el precio que haga falta".

"Es manifiesto que la JEC actúa con parcialidad manifiesta y con una clara intencionalidad política cuando se trata de independentismo", afirma. El President considera que la resolución sobre los lazos la dictó un órgano incompetente, afirma que no se puede construir acusación penal alguna: "No deja de sorprender que la Fiscalía, responsable de velar por el cumplimiento de la legalidad, no se diera cuenta de la ilegalidad manifiesta de aquella resolución".

"La regresión democrática, la deriva autoritaria, la vulneración de los derechos fundamentales del Estado español son una de las motivaciones más grandes que tenemos todos los independentista para construir un futuro en libertad con la república", ha defendido.

Previamente a su comparecencia, ha sido recibido por unas 200 personas conentrada en las inmediaciones de al totibunal para acompañarle. Torra ha hecho un recorrido a pie desde Arc de Triomf hasta la escalinata de acceso al Palau de Justícia, sede del TSJC, acompañado de miembros del Govern; representantes de partidos independentistas; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y los presidentes de la AMI y la ACM, Josep Maria Cervera y David Saldoni, respectivamente.

Los concentrados han gritado proclamas como 'President', 'Independència' y 'Lo llaman democracia y no lo es', y Torra los ha saludado ante la puerta del TSJC antes de entrar a las 10.21 horas acompañado de sus abogados y su esposa.

El presidente catalán ya explicó, al recibir la citación, que ante el juez defenderá la "libertad de expresión" y asumirá las consecuencias en su declaración, y valoró que, a su juicio, la Junta Electoral ha demostrado parcialidad y arbitrariedad en sus decisiones.

En su querella, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, atribuyó a Torra un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la "autoridad superior", cometido por una autoridad o funcionario público.

Según el Ministerio Público, el presidente incumplió "consciente y deliberadamente" lo decidido por la JEC en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo, en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat, en base al deber de imparcialidad y de actuar al margen de cualquier posición ideológica.

La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el "flagrante incumplimiento" de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.

El fiscal consideró que el mandato de la JEC, como máxima autoridad administrativa en materia de control de los procesos electorales, ha sido reiteradamente desatendido, según él "circunstancia de especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la ciudadanía".

Para él, esta negativa "no puede quedar enmascarada ni por una supuesta voluntad de acudir a otros órganos informantes, que carecen de cualquier competencia", en alusión al Síndic de Greuges, ni por la sustitución de los símbolos por otros que según él pretendían significar lo mismo.