Quim Torra, inhabilitado un año y medio por desobediencia al mantener los lazos amarillos en la Generalitat

  • La Junta Electoral dictó la retirada de los símbolos para mantener la neutralidad

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. El político independentista mantuvo la pancarta por la libertad de los presos y el lazo amarillo, pese a la orden de la Junta Electoral Central (JEC).

Torra fue juzgado el pasado 18 de noviembre por el TSJC acusado de un delito de desobediencia a la orden de la JEC, que dictó la retirada de los símbolos durante el periodo electoral con el fin de garantizar la neutralidad.

Torra, primer presidente catalán juzgado en ejercicio, durante el juicio reconoció su actitud y consideró que la orden de la Junta Electoral era "ilegal". "Sí, la desobedecí, pero es que era imposible cumplir una orden ilegal, todos los miembros de esta sala lo saben que ésta era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia para hacerlo".

Torra responde a la sentencia: "A mí no me inhabilita ningún tribunal"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, poco después de hacerse pública la sentencia de inhabilitación se ha presentado ante los medios asegurando que recurrirá, porque a él solo puede inhabilitarlo el parlamento catalán y que su confianza en la justicia española es nula.

Torra, acompañado de su vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonés, ha pedido a los grupos que lo ratifiquen en el cargo con una votación en el Parlament: "A mí no me inhabilita ningún tribunal".

Torra considera "necesario" que el Parlament reafirme su figura al frente de la Generalitat y ha trasladado a los dos grupos que le dieron apoyo en la investidura que impulsen esa iniciativa.

"Esta es la dimensión de la desproporción con la que el Estado persigue, criminaliza, reprime y pretende poner y quitar presidentes y gobiernos en Cataluña", ha asegurado el líder independentista que recurrirá la sentencia del TSJC que lo inhabilita durante 18 meses.