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Quim Torra materializa el reto a la Justicia y aprueba por decreto ley el confinamiento de Lleida después de un día lleno de incertidumbre una vez la jueza anulase la orden que inicialmente había emitido la Generalitat.
De este modo, tras una reunión extraordinaria, el Consell Executiu ha aprobado realizar una modificación de la ley de salud pública que defiende una “legislación especial” ante la necesidad de adoptar medidas específicas para proteger la salud pública, garantizadas por la Constitución.
El decreto ley, según ha informado la Generalitat en un comunicado, "faculta a la autoridad sanitaria para que, en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueda adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales".
Para adoptar estas restricciones, será necesario emitir un informe por parte de las autoridades sanitarias que tendrá por objeto acreditar la situación actual de riesgo de contagio, la situación de control de la pandemia y la suficiencia de las medidas.
La resolución que se emita deberá indicar expresamente la existencia o no del mantenimiento de los servicios esenciales y especificará la duración de las medidas, que "en principio no ha de ser superior a 15 días", excepto si se justifica un plazo superior.
Con este decreto ley, el Govern pretende reforzar la seguridad jurídica de las decisiones que tome en casos como el confinamiento de la zona de Lleida, "pese a que ni en el confinamiento de la Conca d'Òdena ni en otros supuestos de comunidades autónomas del Estado que han tomado medidas similares ningún juez lo ha requerido".
"Incluso en Galicia y el País Vasco se han restringido derechos fundamentales, como el derecho de sufragio, sin que ningún juez haya dictado que para hacer esto se necesita declarar de nuevo el estado de alarma", alega la Generalitat.
Este martes, el Govern dictará una resolución con medidas específicas para la comarca leridana del Segrià y se pedirá de nuevo autorización judicial al juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida para dar protección legal a las medidas adoptadas.