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Alberto Luceño es el menos conocido de los dos empresarios investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Mientras el nombre de su amigo, Luis Medina, lleva toda la vida en el papel couché, por ser hijo del duque de Feria y de Nati Abascal, el perfil social de Luceño es mucho más bajo. Sin embargo, este empresario, que presuntamente se llevó 5,1 millones de euros en comisiones por intermediar en la compra de mascarillas, guantes y test de diagnóstico de covid del Ayuntamiento de Madrid y una empresa de Malasia, sí tiene su nombre y apellido en una carpeta de la Audiencia Nacional. Se titula "Marrones Alberto Luceño" y fue incautada a Beltrán Moliner, extesorero del PP de Madrid imputado en esa trama.
El dossier "Marrones Alberto Luceño" contiene un documento con cifras, que no fue suficiente para imputarle, según aseguran a NIUS fuentes jurídicas. .
Los problemas judiciales de este empresario, que ha pasado por numerosas empresas, han llegado por la compra de mascarillas, porque un juez ya ha admitido a trámite la querella de Anticorrupción y ha anunciado que citará a declarar a Luceño y a Medina.
5,1 millones de dólares es la comisión que Luceño se metió en el bolsillo, de forma presuntamente irregular, por la compra de mascarillas en Malasia para el Ayuntamiento de Madrid. Él ponía los contactos en Asia, mientras que Luis Medina se encargó de llegar hasta el ayuntamiento, a través de un primo del alcalde. La querella de Anticorrupción habla de "un familiar del alcalde", pero según adelantó NIUS, se trata de su primo, Carlos Martínez Almeida.
La querella de Anticorrupción explica que Luceño "se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".
Los fiscales añaden que en su presentación ante el consistorio, el empresario "dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia", en la línea de esos valores de los que habló a los alumnos de su escuela de negocios.
"En realidad -sigue el escrito- ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista".
Sus gestiones dieron frutos y se firmaron tres contratos: uno para comprar un millón de mascarillas, otro de 250.000 guantes de nitrilo y un tercero con 250.000 test rápidos. Por todo ese material, el ayuntamiento pagó 15.939.000 dólares.
Según el relato fiscal, él "impuso" el precio, "amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora". Lo que no dijo es que en entre el 60 y 80% del precio, eran comisiones pactadas para él y para su socio Medina.
Luceño tampoco jugó limpio con Luis Medina, a quien según los fiscales escondió comisiones. Él pactaba con la empresa malasia que hacía las transferencias. Al final, la suya, de 5,1 millones, quintuplicó la de su amigo, de un millón.
En cuanto al material que llegó, los fiscales señalan que las mascarillas, aún siendo de "buena calidad", se podrían haber comprado por un 40% menos, porque el vendedor estaba dispuesto a venderlas por ese precio. La calidad de los guantes era "ínfima", dicen los fiscales, que explican que el Ayuntamiento pagó por cada par 2 dólares, mientras en los supermercados, los de esa gama se vendían "por poco más de 0,08 €". Los test, en su mayoría fueron "defectuosos". Se compraron 250.000 y "solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %)"; 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80 %, y un lote de 60.000 tenía un nivel de sensibilidad "especialmente bajo", del 66,7.
Estamos hablando de marzo de 2020, el peor momento de la pandemia. La necesidad de material era imperiosa, pero él parecía tener otras.
Con el dinero de la cuenta donde recibió el dinero de Malasia, se gastó 60.000 euros en seis días de hotel en Marbella; compró Ferraris, Lamborginis, Rólex y hasta una casa de un millón de euros.
Ahora, su 'negocio' con las mascarillas lo llevará ante el juez, que investiga delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.