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‘Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España’, así se denomina el documento de 50 páginas en el que PSOE y Podemos resumen los aspectos acordados en su programa. En él, los de Pedro Sánchez y los de Pablo Iglesias se comprometen a abordar distintas medidas como la derogación de aspectos concretos de la reforma laboral y recuperar derechos laborales “arrebatados” por la reforma de 2012, tumbando la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones el ámbito temporal del convenio colectivo, entre otros.
Además, en este aspecto, se han comprometido también a derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral, con el fin de limitar dicha subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Por otro lado, han acordado subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta lograr, de forma progresiva, alcanzar el 60% del salario medio en España, cumpliendo así la recomendación de la Carta Social Europea. De este modo, previsiblemente se elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
Así mismo, se comprometen a reordenar el menú de contratos de trabajo y revisar la normativa relativa a los trabajos a tiempo parcial.
En lo que se refiere a las pensiones, las formaciones garantizan su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos recuperan parte de las medidas previstas en el fallido proyecto de Presupuestos 2019, introduciendo algunas variaciones. En Sociedades, fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
Por otro lado, en IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.
El programa, además, pasa por regular el alquiler para evitar los precios abusivos. Ambos partidos se comprometen a frenar las "subidas abusivas del alquiler" y, para ello, en las zonas más tensionadas, se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan poner "techo" a las subidas mediante un índice de precios de acuerdo a una metodología "objetiva y sujeto a revisión periódica".
En el caso de los ayuntamientos que así lo consideren, podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento "abusivo y sostenido" de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
Ese es el objetivo de los índices de referencia, según el documento: que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
Por ello, contempla la suscripción de "convenios bilaterales" con las ciudades donde se dan situaciones "de mercado tensionado" del precio del alquiler que permita hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda, y en dichos convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.
Por otro lado, ambos abogan por establecer un marco legal que defina los conceptos de 'vivienda vacía' y 'gran tenedor de vivienda' y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico.
A su vez, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la Administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.
Con la misma finalidad, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos elaborará un plan de actuación de la Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
En materia de vivienda de protección pública se comprometen a elaborar una normativa que garantice su explotación "únicamente" para alquiler de personas vulnerables, "evitando que sean vendidas o explotadas por 'fondos buitre'", al tiempo que se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, coninstrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler.