La magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de València ha ordenado prisión incondicional para el exvicealcalde de la capital con el PP, Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y tres empresarios al apreciar riesgo de destrucción de pruebas en el marco del caso Azud.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los otros ocho detenidos que han pasado a disposición judicial este sábado han quedado en libertad provisional con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial.

En la causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

Fiscalía Anticorrupción había pedido el ingreso en prisión provisional para Rubio y Grau tras ser arrestados el jueves en el marco de la segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística.

Rubio, Grau y otras 12 personas más fueron detenidas el pasado jueves en la segunda fase de esta causa, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 13 de València y por Anticorrupción y que se encuentra bajo secreto de sumario.

Tras las detenciones y numerosos registros, los arrestados fueron trasladados a diferentes comandancias de la Guardia Civil, donde han permanecido hasta este sábado por la mañana, cuando se les ha llevado ante la jueza.

De los 14 detenidos, 13 han sido puestos a disposición judicial. El primero en comparecer ha sido Alfonso Grau y le han seguido, entre otros, Rubio y el constructor valenciano Jaime Febrer. Fiscalía solicitó a la jueza prisión provisional para los considerados principales cabecillas de la trama, Grau y Rubio, aunque la magistrada adoptó su decisión una vez habían comparecido los 13 detenidos puestos a su disposición por la Guardia Civil.

Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.

A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel --una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)-- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado en Ibiza.

Además, los agentes de la UCO detuvieron a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau; la exalcaldesa de Xixona; y un exconcejal de Xixona.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.