La primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo tras las elecciones municipales del pasado 22 de mayo no se celebrará hasta el mes de diciembre para analizar los casos que se hayan podido dar como resultado de la constitución de los nuevos ayuntamientos.
Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial, el Gobierno ha tenido contactos informales con los partidos políticos para la convocatoria de la próxima reunión del Pacto Antitransfuguismo y alcanzaron el acuerdo de aplazar unos meses la convocatoria que tradicionalmente se realiza a finales del mes de julio dada la proximidad de los comicios.
La Comisión de Seguimiento se reúne habitualmente dos veces al año para analizar los casos que denuncian los partidos políticos, pero en esta ocasión la previsión es juntar la de julio con la que se celebra en diciembre.
Representantes de las distintas formaciones políticas, consultados por Europa Press, han coincidido en la oportunidad de aplazar la reunión porque "no había asuntos nuevos sobre la mesa" y que así los partidos tengan tiempo de analizar los comportamientos de los nuevos ayuntamientos.
Pero además, la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento tendrá el reto de revitalizar el Pacto, que en el último encuentro celebrado en diciembre del pasado año quedó en vía muerta debido a la imposibilidad de socialistas y 'populares' de alcanzar un pacto sobre la inclusión de tránsfugas en las listas electorales.
ACUERDO EN VÍA MUERTA
El PSOE llegó al encuentro con un documento en el que proponía a los demás partidos políticos adoptar el compromiso de no incluir tránsfugas en las listas del 22 de mayo y, en caso de que fuera aceptado, retiraría como cabeza de lista del municipio alicantino de Benidorm a Agustín Navarro, que ya había sido designado por los órganos del partido.
Sin embargo, el PP defendió que ese compromiso ya quedó claro cuando se firmó el Pacto Antitransfuguismo y acusó a los socialistas de romperlo "unilateralmente" con el caso de Benidorm, por lo que defendió el derecho de los 'populares' a partir de ese momento de contar en las elecciones con "las mejores personas posibles", sin especificar si eso incluía tránsfugas.
Este comportamiento fue criticado por la representante de Izquierda Unida, Montserrat Muñoz, que acusó a PSOE y PP de convertir las reuniones del Pacto Antitransfuguismo en discusiones "en clave interna y partidista" y adelantó que no considera que los dos partidos mayoritarios tengan "mucho interés" en la vigencia del acuerdo.