El grupo parlamentario popular ha registrado en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley del solo sí es sí', por considerar que tiene un "sesgo ideológico", y se opone a la redacción del consentimiento expreso y a la supresión de la distinción entre abuso y violación.

El grupo popular considera que se trata de una normativa "maniquea, con un marcado sesgo ideológico, muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico" y "de cuestionable constitucionalidad".

"Un texto que instrumentaliza el dolor y sentimiento de las víctimas de estos deleznables hechos dado que, al final, no se van a ver mejoradas en su protección e intervención integral", señala la enmienda del grupo popular, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que aboga por un texto que responda a la necesidad de mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal frente las situaciones de violencia sexual que sufren especialmente las mujeres, los menores de edad y personas con discapacidad.

El GPP considera que el pilar sobre el que sigue pivotando la normativa es el mantenimiento del consentimiento expreso y se opone a ello porque considera que va "en detrimento de la seguridad jurídica y del principio de presunción de inocencia".

Además, añade que "los problemas para determinar si ha habido un delito sexual serán los mismos que antes: la existencia de pruebas y no el mero testimonio".

El grupo popular también se opone a la supresión de la distinción entre abuso y violación porque, a su parecer, esto "supone eliminar el principio de proporcionalidad del Código Penal, vulnerando la seguridad jurídica".

Igualmente, indica que se produce un desplazamiento de la carga de la prueba dado que recaería en la defensa para excluir la tipicidad, "llegando a afectar al principio de presunción de inocencia".

Por otro lado, subraya que eliminar la distinción entre la agresión sexual y el abuso sexual, supone eliminar el principio de proporcionalidad imperante en el Código Penal.

"No hay derechos sin seguridad jurídica, se deja a las víctimas desprotegidas y en un limbo respecto de sus derechos. Con ello no se consigue el objetivo de proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual", recalca, además de resaltar que no es una ley que proteja la libertad sexual de todos los ciudadanos.

Además, el grupo popular apunta que no existen recursos personales ni materiales para dotar las medidas recogidas en el Proyecto Ley. Por ejemplo, afirma que sindicatos policiales han denunciado que no hay suficiente plantilla especializada para las víctimas y tampoco bastantes Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en los Juzgados.

Asimismo, el grupo popular afirma que el Proyecto de Ley es mejorable desde el punto de vista de las mujeres con discapacidad. En concreto, señala que el CERMI recuerda que las leyes deben tomar como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Por todo ello, el grupo popular ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo con el fin de favorecer "una mayor claridad" en la tipificación de esas conductas, basada en dos puntos: la reforma del artículo 181 apartado 1º y 2º manteniendo el resto igual y, por tanto, el delito de abuso sexual "en aras de dotar de una mayor claridad al conjunto del texto penal"; e incorporar como agravante en el artículo 180 y 183 que la infracción sea cometida por la anulación de la voluntad por sumisión química.