La vicesecretaria de Política Electoral del PP andaluz, Patricia Navarro, ha advertido de que la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas no solo fue usada para que personas "con alguna relación con el PSOE" disfrutasen de las pólizas de seguro de rentas asociadas a tales procedimientos de forma ilegal, sino también para contrarrestar los "incumplimientos" de los "compromisos" adquiridos por la Administración andaluza en materia de subvenciones.

En una rueda de prensa en Sevilla, la vicesecretaria de Política Electoral del PP andaluz ha valorado la información publicada este domingo por el diario 'El Mundo' en cuanto a la inclusión de un autónomo identificado como Antonio Polonio Correa en el expediente de regulación de empleo promovido por Manufactura Española del Corcho, una empresa en la que este hombre jamás había trabajado.

LA TRAMA DE LOS ERE

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

LAS PREJUBILACIONES, SEGÚN EL PP-A

Dado que este autónomo en cuestión, Antonio Polonio, habría reclamado a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social el ingreso de unas subvenciones previamente autorizadas pero no abonadas, Navarro ha lamentado que mediante esta trama "no solo se dedicasen a incluir en los ERE a personas que nunca habían trabajado en estas empresas y, casualmente, tenían alguna relación con el PSOE, sino que además incluían a trabajadores o empresarios honrados a los que les habían prometido ayudas para levantar nuevamente su empresa". "Como no podían cumplir sus compromisos y pagar estas subvenciones, la solución era meterlos en un ERE", ha dicho Navarro.

A tal efecto, ha advertido de que José Antonio García Prieto, quien renunció a su cargo en el PSOE de Camas al ser hecho público que figuraba como prejubilado en una empresa de Morón de la Frontera en la que jamás había trabajado, "cedió" un local para la sede de la Agrupación socialista de Camas "a cambio" de ser incluido en un ERE y gozar de una "prejubilación millonaria". Según la investigación, el nombre de García Prieto está asociado a pólizas de seguro de rentas correspondientes a los ERE promovidos por la firma moronense 'Intersur S.A.' y la ya citada empresa Manufactura Española del Corcho.