Primer día de clase con más horas de castellano en el colegio de Canet en el que estudia el menor de cinco años que ha sido amenazado estos días tras la sentencia judicial que dio la razón a los padres. El consejero de Educación catalán, Josep González-Cambray (ERC), ha querido estar hoy en el centro para apoyar a las familias que están en contra de esa decisión judicial. No a favor del pequeño de 5 años y su familia, amenazados, aunque haya condenado los ataques.
Al contrario, considera el consejero de Educación un ataque intolerable, uno más, que se cumpla la ley y en el colegio se de un 25% de clases en castellano. No solo eso. Se ha negado a contestar a los que le han preguntado en castellano. En declaraciones a la prensa y cuando ha finalizado el turno en catalán, varios de los numerosos medios congregados han pedido al titular de Educación de la Generalitat que contestara en castellano, algo a lo que se ha negado. “Hoy es un buen día para subtitularlo”, ha zanjado tras recomendar en varias ocasiones que sus palabras se subtitulen al emitirlas.
Un gesto que ha dicho hacer en defensa del catalán y como miembro del Govern en plena polémica por el caso de Canet de Mar. ¡Es que no tenemos ningún problema lingüístico en las escuelas!, ha remachado tras calificar de mentira el conflicto.
Lo que sí ha asegurado como miembro del Govern es el respeto las movilizaciones que haya -al ser preguntado por la manifestación independentista organizada mañana-. La primera protesta está organizada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y por la CUP y pretende celebrarse este viernes a las 16.30 horas, justo cuando salen los niños del colegio. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad en defensa del bilingüismo que asesora a la familia de Canet de Mar, reclama que no se use su caso para convocar manifestaciones, ni a favor ni en contra de la sentencia, y ha solicitado al Departamento de Interior que impida la protesta de los independentistas radicales.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido este jueves de que cualquier tipo de amenaza es "grave para la convivencia" por lo que se investigará el acoso denunciado por la familia de un niño en Canet de Mar (Barcelona), señalada tras conseguir que el menor pueda recibir un 25% de los cursos lectivos en castellano. "Toda amenaza o posible amenaza son un acontecimiento grave para la convivencia. Serán investigadas en su caso y tengamos confianza tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial", ha declarado Marlaska a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros europeos de Interior. En este sentido, el ministro ha recalcado la importancia de "garantizar la convivencia" y la "seguridad de los ciudadanos".
Entre los padres, los hay que defienden a la familia acosada. Y los hay que no, ya se sabe que el que no va por el camino del independentismo asume sus riesgos. El acoso. El verse señalado. Los padres de Canet del Mar, amenazados, piden al TSJC que obligue a la Generalitat a garantizar la seguridad de su hijo.
PP y Ciudadanos han recurrido a dos vías: la del Congreso, para exigir explicaciones y provocar la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez, y la del Defensor del Pueblo, ante la sospecha de que la primera pueda resultar infructuosa por la posibilidad de que el Ejecutivo "mire para otro lado" para evitar incomodar a sus socios parlamentarios de ERC.
Populares y naranjas instan expresamente a Gabilondo, que asumió el cargo como Defensor del Pueblo hace menos de un mes, a que se involucre desde su papel institucional en este caso y ante la ausencia de respuesta del Gobierno. "Nos encontramos aquí ante una clara inacción tanto de la Generalitat de Cataluña como, sobre todo lo más indignante, del Gobierno de España que tendría que estar protegiendo el derecho de los ciudadanos a la educación también en castellano y que tendría que estar velando por el cumplimiento de las sentencias de acuerdo con el principio de separación de poderes y los principios más esenciales del Estado de Derechos y del imperio de la ley en cualquier sociedad democrática avanzada", ha justificado Edmundo Bal.
"El acoso al menor de Canet de Mar y a su familia es una indignidad política y humana. Ante el atropello sistemático de la Generalitat y la desidia del Gobierno, iremos hasta el final para garantizar sus derechos. Hoy, en el Defensor del Pueblo"; ha escrito en Twitter Inés Arrimadas.