"Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales", ha afirmado Montero durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las líneas generales y los objetivos de su Ministerio.
Montero ha detallado que el nuevo impuesto a las grandes tecnológicas, conocido como tasa Google, conllevará un gravamen del 3% en determinado tipo de actividad, en línea con la propuesta de transposición de la directiva europea en elaboración, y se dirigirá a gravar la venta de datos de los ciudadanos, la publicidad que se incorpora en este tipo de plataformas y las transacciones entre el comercio y los particulares.
El nuevo tributo se destinará a compañías con una facturación mundial superior a los 750 millones de euros o 3 millones en España, por lo que afectará a plataformas de negocio de compra, hostelería o a "algunos" transportes. Entre estas compañías se encontrarían grandes tecnológicas como Amazon, Airbnb o Uber.
Según ha explicado la ministra, este nuevo impuesto a los servicios digitales, unido al nuevo gravamen a las transacciones financieras, no se incluirán en los Presupuestos de 2019 sino que al ser fiscalidad de nuevo cuño deberán ser aprobados a través de una proposición de ley, cuya tramitación empezará "antes o a la par" que la del proyecto de Presupuestos.
Junto a estas dos nuevas figuras fiscales verá la luz la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal que ultima el Ejecutivo. Estas iniciativas se aprobarán en noviembre o "incluso antes", según ha adelantado Montero.
Durante su comparecencia Montero ha advertido de que el Gobierno no va a hacer "dejación de responsabilidades políticas" porque algunas formaciones "se empeñen en derribar al Gobierno", sino que busca pactos con quienes estén dispuestos a hacer "concesiones" desde una vía "responsable".
Por ello, trabaja en los PGE de 2019 para que sean "más sociales, igualitarios y redistributivos", para lo que contará con 125.000 millones de euros, una cantidad que permitirá el desarrollo de políticas en pro de una recuperación económica "más justa", ya que aún no ha llegado a "muchos hogares".
A este respecto, ha defendido que la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto de la Cámara Alta al déficit no constituye un "menosprecio" ni una "falta de atención", sino que se trata de una disfunción normativa, por lo que el Ejecutivo continuará con su "interés legítimo y democrático" para que vea la luz la proposición de ley que sortearía ese veto y permitiría establecer la senda de déficit del Gobierno socialista que conlleva una relajación de 6.000 millones de euros.
Bajada del IVA veterinario y de productos de higiene femenina
Respecto al contenido de los Presupuestos, ha confirmado que se reducirá el IVA de los productos de higiene personal femenina del 10% actual al tipo superreducido del 4%, ya que la fiscalidad actual es "discriminatoria". Además, ha confirmado que se está "trabajando" también en lo relativo al IVA veterinario, que actualmente se sitúa en el 21%.
Sociedad: "Las pymes pagan más que grandes compañías"
Además, ha vuelto a defender que "paguen más lo que más tienen y que reciban más lo que más lo necesitan en términos de salud, educación o de ayudas al alquiler", por lo que ha abogado por una "redefinición de la fiscalidad" que, ha asegurado, "no va a afectar en modo alguno ni a la clase media ni a la clase trabajadora".
En concreto, ha afirmado que se subirá el IRPF a rentas superiores "a 140.000 o 150.000 euros", es decir a aquellos que ganen más de 10.000 euros al mes. Así, ha recordado que el sueldo más frecuente en España es de 16.497 euros brutos anuales, por debajo de 1.000 euros al mes.
Además, verá la luz un tipo efectivo mínimo del 15% en Sociedades para grandes corporaciones, de forma que "no puedan valerse del elevado número de bonificaciones y exenciones" que hacen que las grandes compañías tributen a un tipo más bajo.
En este sentido, ha indicado que el último boletín recaudatorio refleja que las grandes corporaciones tributan a un tipo efectivo menor que las pequeñas empresas y es que las empresas que facturan menos de 8 millones de euros pagan más que los que se sitúan por encima de ese nivel. De hecho, ha asegurado que actualmente se recauda por Sociedades menos que en 2007 a pesar de que el volumen de negocio es igual o superior al de ese año.
Por el contrario, se negocia para bajar dos puntos el tipo que pagan las pequeñas y medianas empresas que factura menos de un millón de euros al año por el impuesto de Sociedades, por lo que pasaría de un 25% al 23%.
Impuestos a transacciones financieras y fiscalidad verde
En el ámbito europeo ha criticado el "retraso" en una fiscalidad común y el espacio único europeo para que haya figuras fiscales "homologables", si bien ha valorado que la Comisión Europea trabaja "intensamente" con propuestas como que las compañías digitales declaren y graven sus beneficios allí donde su negocio alcanza un volumen determinado.
También ha detallado Montero que se están explorando "distintas opciones" sobre el impuesto de transacciones financieras, que se constituirá "en línea con Europa". En este punto ha indicado que el Gobierno se ha decantado por que la aportación tributaria de las entidades financieras provenga por otras figuras, como Sociedades o el impuesto a transacciones financieras, distintas a la creación de un impuesto específico a la banca, aunque ha dicho que se esperará a ver el comportamiento en 2019 sin descartar acudir más tarde a otras figuras.
Igualmente, se llevará a cabo una revisión "profunda" de la fiscalidad verde, un paquete de medidas en el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica en el marco de una nueva ley que reducirá el diferencial de la tributación entre la gasolina y el diésel, aumentando el gravamen del gasóleo, sin afectar a transportistas ni autónomos.
Lista de morosos y Ley de lucha contra el fraude
La titular de Hacienda, que ha asegurado que el nuevo modelo fiscal se dirige a "blindar" el Estado de bienestar, también ha explicado que se simplificarán las arquitectura fiscales "complejas" actuales para "ponerle una alfombra" a los inspectores de Hacienda allí donde se detecten bolsas de fraude.
El Gobierno aprobará una ley de prevención y lucha contra el fraude para poner "luz y taquígrafo" a los complejos tramados societarios y contribuir a que la Agencia Tributaria cuente con los instrumentos necesarios.
A su vez, hará publica la lista de morosos con Hacienda incluyendo a los responsables solidarios y colaboradores, para que "se sepa quien está detrás de compañías que no cumplen con obligaciones fiscales", algo que puede ser hasta "disuasorio".
La ministra ha justificado todos estos cambios tributarios con el hecho de que España presenta una diferencia del 8 puntos en recaudación tributaria con los países del entorno, por lo que ve "margen" sin que suponga una "carga añadida" para los ciudadanos. "Hay que aspirar a una fiscalidad que supere la diferencia de ingresos, y estar en las mejores cotas del desarrollo de Estado de bienestar", ha enfatizado.