Cada Comunidad tiene por el momento un plan de desescalada. Pero el Gobierno ya ha dicho que las tendrán en cuenta pero será el Gobierno el que decida cuándo y cómo. En un país considerado por muchos como un reino de taifas, no va a ser fácil. De hecho el plan ha sido acogido con escaso entusiasmo, y las opiniones van de la moderación a la incredulidad.

La mayoría de comunidades autónomas, municipios, agentes sociales y asociaciones de distintos ámbitos han coincidido este miércoles al reclamar que se aclaren las dudas que ha generado el plan de desescalada del Gobierno para poder avanzar en su puesta en marcha con garantías para todos.

Las reacciones al llamado Plan para la transición hacia una nueva normalidad van desde quienes lo consideran razonable hasta los que opinan que representa un grave error, pasando por quienes proponen pasar a la primera fase algún territorio o los que piden medidas adicionales para los ciudadanos que se reincorporen a su trabajo.

Aunque desde las comunidades se han mostrado molestos por enterarse del proyecto del Ejecutivo por televisión, ahora esperan que se ponga en marcha con responsabilidad y teniendo en cuenta las especificidades de territorios o sectores de actividad.

Así lo pondrán de manifiesto este jueves en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas donde se abordará la situación creada por el coronavirus con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya ha avanzado que acudirá a esa cita para pedir que se habilite un fondo excepcional para atajar los efectos de la pandemia y que se faculte a las autonomías a recurrir al endeudamiento para afrontar el gasto sanitario y financiar políticas que dinamicen la economía.

En cuanto al plan de desescalada, a Revilla le parece bien "a falta de concreciones", mientras que, por ejemplo, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cree que presenta "algunas luces" pero "muchas sombras" y denuncia que no ha sido negociado ni consensuado con las comunidades.

Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha ofrecido que las provincias de Huelva y Almería se sumen al ritmo de las islas que van a ir un paso por delante en la desescalada, para que sirvan como "experiencia piloto" en la península porque ya cumplen los requisitos para hacerlo.

Y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la importancia de que las comunidades vayan de la mano en el camino de la recuperación económica y social del país, para lo que deben quitarse su "camisa" y ponerse la de España, según ha dicho en una entrevista en RNE.

El más critico ha sido el presidente catalán, Quim Torra, quien ha acusado al Gobierno de "menospreciar" los argumentos de Cataluña para afrontar el desconfinamiento: "No han escuchado nada", ha deplorado en un mensaje en Twitter, en el que añade que es "un grave error" tomar a las provincias como referencia para la desescalada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al Ejecutivo que haya generado "incertidumbre" con sus escasas concreciones de la desescalada y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reprochado que no se haya consensuado con las comunidades una hoja de ruta que, en su opinión, genera "más incertidumbre y más falsas expectativas entre la población".

Desde Canarias, su presidente, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que "hay que ir de forma gradual y paulatina hacia la nueva normalidad" aunque el plan del Gobierno le parece un buen trabajo por, entre otras razones, prever un adelanto de la desescalada en las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

Al margen de las comunidades, también reivindican su papel en este proceso los ayuntamientos, sindicatos y empresarios.

El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Estepona José María García Urbano ha criticado el plan del Gobierno por considerar que "está poco pensado" y no recoge las peticiones de las entidades locales.

Entre esas entidades, el Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, estudia ampliar los tiempos de los semáforos para regular el cruce de los peatones garantizando la distancia de seguridad necesaria, y el de Ávila planteará ampliar los espacios disponibles para terrazas de bares y restaurantes y estudiará la concesión de nuevas terrazas a aquellos locales que ahora no las tengan.

Para los sindicatos CCOO y UGT es necesario tener en cuenta las especificidades de cada sector, por lo que, por ejemplo, subrayan la importancia de que la vuelta a las aulas se haga con garantías sanitarias tanto para los trabajadores como para alumnos. En el ámbito textil, CCOO propone una serie de medidas, como el autocontrol de la temperatura antes de acudir al centro de trabajo. Y los empresarios piden medidas "complementarias" al plan de Sánchez para evitar despidos y que la actividad "vuelva a fluir".

Lo ha dicho el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en la cadena Ser, en la que ha puesto, como ejemplo de esas medidas, la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del fin del confinamiento.