El pequeño Nicolás se ha mostrado seguro y confiado a la salida de los juzgados en la causa que se lleva contra él en la que se le acusa de falsificar el DNI para que hicieran la selectividad por él. "Estoy tranquilo y confiado en la justicia, va a pasar como en el resto de causas que tengo que no he sido condenado por ninguna", ha señalado a la salida de los juzgados.

El fiscal ha elevado a definitiva su petición de cuatro años y medio de cárcel y una multa de 36.000 euros para Francisco Gómez Iglesias, conocido como 'Pequeño Nicolás', como inductor y cooperador necesario en la falsificación de su DNI para que un amigo pudiera suplirle en la selectividad de 2012. El joven ha rechazado utilizar el turno de última palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante la última sesión del juicio por estos hechos, el representante del Ministerio Público ha interesado igualmente penas de prisión y multa para los otros dos acusados, que son el joven que presuntamente hizo el examen en sustitución de Gómez Iglesias, Manuel Avelló, y la funcionaria de la comisaría de Tetuán que elaboró el DNI que resultó falso. Se pide para ellos también cuatro años de prisión y multa e igualmente se solicitan penas de prisión para los tres acusados las acusaciones populares ejercidas por Podemos y una asociación de policía municipal.

Según la Fiscalía, los hechos que entiende delictivos precisaron la intervención de varias personas. La participación de Gómez Iglesias y de su amigo la tiene por acreditada por las declaraciones que realizaron en su día los compañeros de instituto del Pequeño Nicolás, con independencia de que, con una excepción, la mayoría de ellos se limitara a señalar en el juicio que los hechos ocurrieron ya hace ocho años y no los recordaban claramente.

Para el fiscal, también tiene especial importancia el hecho de que el Pequeño Nicolás sacara en el examen dos puntos y medio más que su media en Bachillerato, y que la nota obtenida, un 8,25 fuera muy similar al 9 que su amigo Avelló sacó en la convocatoria de junio, ya que el fraude se produjo en la de septiembre.

El informe del fiscal, no obstante, se ha centrado en la actuación de la funcionaria, en la que ve una clara "connivencia de hecho" con los planes del Pequeño Nicolás, pese a no poder demostrarse una connivencia directa o conocimiento entre ambos. En este punto, ha subrayado el hecho de que Gómez Iglesias se vanagloriara en público de tener "amigos comisarios de la Policía".

Pese a reconocer ciertas contradicciones entre los testigos sobre el sistema que se empleaba en 2012 cuando en la expedición de un DNI por extravío se cambia la foto, como es el caso, el Fiscal destaca para acusar a esta persona el hecho de no se guardara el talón foto, como declaró un oficial de Policía dijo que debería haberse hecho. Ha calificado de "absurdo" que se quiera mantener el argumento de que el sistema no asegure que queda constancia del cambio de fotografía en un documento nacional de identidad.

"No revisó a conciencia la foto aportada cuando el DNI se hacía dos días después haberse expedido el anterior y además se cambiaba la foto y la firma, y no dejó constancia de ninguna forma de estos cambios, ni en el programa informático ni mediante talón-foto.", ha explicado el fiscal. Ha añadido que, al no quedar esta constancia, el delito de falsedad habría quedado impune si una periodista (Patricia López, de Público) no hubiera aportado el documento falso años después.

El abogado de Gómez Iglesias, Juan Carlos Navarro, ha defendido durante su informe de conclusiones definitivas la falta de prueba para acusar al joven, así como la ausencia de argumentos de las acusaciones para demostrar la connivencia entre éste y la funcionaria que presuntamente fue autora de la falsificación.

Para el letrado, justificar esta inducción en el hecho de que Gómez Iglesias dijera que tenía "amigos comisarios" mediante la figura de una "connivencia deductiva" no es suficiente. Igualmente ha rechazado que el resto de pruebas presentadas contra su cliente tengan virtualidad para enervar su presunción de inocencia, como es el hecho de que ningún testigo sitúe a Avelló dentro del centro universitario en el momento de realizar la prueba.

Sobre la expedición del DNI, ha llamado la atención de que la normativa aplicable en 2012 fuera tan confusa que a día de hoy no ha podido aclararse escuchando a los testigos que han venido a este juicio, y que la única conclusión es que no se emitió talón-foto para acreditar el cambio de fotografía en el documento, aunque no se han probado las razones. Ello lo considera insuficiente para imponer las penas tan graves que se solicitan.

La defensa de la funcionaria, ejercida por el abogado José María de Pablo, ha interesado igualmente la absolución de su representada basándose en la irrelevancia de la destrucción del denominado talón-foto en el sistema utilizado en 2012 para expedir nuevos DNI y ha defendido la dificultad del reconocimiento facial de la foto aportada dado el parecido entre los dos acusados. Para ello se ha basado en un informe pericial aportado a la causa sobre el alto nivel de errores en la identificación de las imágenes de estos documentos.

Igualmente ha solicitado absolución el abogado de Avelló, que es el exfiscal y ex secretario general de Seguridad Antonio Camacho, que ha defendido la falta de "rigor" de las acusaciones contra su cliente. Ha afirmado que se le imputa una participación en hechos cometidos por terceros y ha rechazado la validez como prueba, entre otras, de las fotocopias con "pantallazos" de un 'chat' compartido entre los estudiantes donde se habría hablado de la supuesta sustitución, ya que no se cuenta con la conversación íntegra.