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Se avecinan días de infarto. La reforma laboral promete dos semanas de guerra de nervios. Su futuro se decidirá en el último minuto, la votación en el Congreso está prevista para el día 3 de febrero y nadie se mueve ni un milímetro de sus posiciones para facilitar una mayoría que permita convalidarla. Pedro Sánchez, que necesita más síes que noes para aprobar uno de sus proyectos más emblemáticos, ha desplegado todos los medios a su alcance para sumar apoyos. Gobierno, partido y grupo parlamentario están en el intento.
El objetivo del sector socialista del Ejecutivo, con el presidente al frente, es que la reforma salga adelante como está. El mismo texto que durante nueve meses se negoció entre el Ministerio de Trabajo, la CEOE y los sindicatos. Y para conseguirlo no excluyen a nadie. El problema es que sus socios de Podemos, aún con las mismas ganas de que salga adelante, no quieren en ningún caso que se apruebe con los votos de Ciudadanos, que ellos identifican con un partido liberal de derechas. Su opción es la mayoría de la investidura, pese a que este empeño pudiera suponer alguna modificación en el texto.
Hay por lo tanto dos vías posibles con la dificultad añadida que eso supone en una negociación ya de por sí complicada. En Ferraz ya se preparan para un desenlace in extremis. La número dos del partido, Adriana Lastra, -encomendada por Sánchez para reforzar la negociación-, lo admitía abiertamente: "Cuando hay decisiones muy importantes, las conversaciones duran hasta poco antes de la votación".
Tanto Lastra como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, -el hombre de Moncloa que lidera los contactos-, han puesto sobre el tapete que para salvar la reforma todas las opciones son válidas. Tanto el Gobierno como el PSOE reconocen que ERC y el PNV son sus socios prioritarios, pero a la hora de contar votos no van a excluir a nadie.
"La reforma no es de nadie", decía Bolaños en un desayuno informativo. Horas después, Lastra recalcaba: "Aquí no se trata de preferencias. La única preferencia es que salga adelante la reforma".
A Podemos, como al PSOE, el tema de la reforma laboral le genera un efecto pinza. Por un lado se niega a llegar a un acuerdo con Ciudadanos, por el otro, aquellos en los que quiere apoyarse se lo ponen cada vez más caro. Gabriel Rufián ha elevado el listón y el tono acusando incluso de "chantaje" a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sus exigencias de cambios afectan directamente al núcleo duro de la reforma al plantear modificaciones en las indemnizaciones por despido, los salarios de tramitación, la falsa parcialidad de contratos o la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales. Cambios en principio inasumibles por la patronal que podrían en riesgo el pacto.
El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, salía este jueves en defensa de la vicepresidenta para decirle a Rufián que se equivoca si piensa que es la "adversaria" y pidió a Esquerra "mirada larga" para negociar una reforma que respete la esencia del diálogo social. También se dirigía a sus socios de Gobierno, a los socialistas, para avisarles de que jugar con la "geometría variable" sería un error. Para Podemos, dijo Asens, "romper" el bloque de investidura es un "camino a ninguna parte".
Lo de la primacía de los convenios autonómicos es a esta hora el principal nudo de la negociación con el PNV. Los nacionalistas vascos, que dicen claramente que el 95% de la reforma se puede salvar, quieren a toda costa que el marco laboral autonómico prevalezca sobre el estatal en esta materia y no moverán un dedo para salvar la reforma si no lo consiguen. Ni apoyo ni "un dejar pasar", ha dicho Andoni Ortuzar. Se refiere a la llamada abstención "táctica", una de las hipotéticas fórmulas que contempla el Gobierno para salvar la papeleta. Que su aliado prioritario, al menos no vote no y se abstenga.
En el contexto del intento del Gobierno para atraerse algún tipo de apoyo del PNV, varios dirigentes del PSOE se desplazaron a Euskadi. El secretario de Organización, Santos Cerdán y el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, se reunieron con la cúpula nacionalista. Oficialmente, entre comillas, el encuentro no tenía anda que ver con la reforma. El cortejo, sin embargo, es evidente. Lastra calificó al PNV como un socio "prioritario" y se mostró convencida del acuerdo: "Es un socio confiable y alcanzaremos más pronto que tarde el acuerdo o los acuerdos en los que ya estamos trabajando".
Por si todas las complicaciones fueran pocas, la exigencia que plantea el PNV es una de las líneas rojas que marca Ciudadanos, el único partido que ha ofrecido sus nueve diputados para apoyar la reforma. En principio sin condiciones, aunque realmente son dos. Una, que la reforma no se toque ni una coma. Otra, según dijo este jueves su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, que no se prometa a los nacionalistas darle lo que pretenden por otras vías. "Romper la primacía (del convenio estatal) es inaceptable. Lo ha dicho Garamendi. Y los sindicatos imagino que tampoco van a aceptar", ha aventurado el portavoz naranja.
Con respecto a Ciudadanos el Gobierno todavía no ha movido ficha. Y Bal ya le avisa que si es para cambiar la reforma como pretenden los independentistas que ni le llamen. La ausencia de este contacto sugiere una estrategia del Ejecutivo de apurar al máximo los intentos por cerrar algún tipo de acuerdo con los grupos que apoyaron la investidura. Cambiar de alianzas a estas alturas supondría un desgaste tanto dentro de la coalición como con sus aliados preferentes.
Tras nueve meses de negociaciones y conseguir lo que en principio es un éxito, poner de acuerdo a patronal y sindicatos, y superar el que parecía inacabable debate sobre la derogación o no de la reforma laboral, el Gobierno se enfrenta a un más difícil todavía. Convalidar el decreto sin romper el equilibrio interno en Moncloa ni desestabilizar el bloque de fuerzas que le permitieron a Sánchez ser presidente y que necesitará para aprobar muchas leyes pendientes, incluso agotar la legislatura.