Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que se reafirman en poder debatir en el pleno del Parlament sobre la autodeterminación.

El documento consultado por Europa Press rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político".

Estos son tres de los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigido paralizar el trámite de propuestas que vayan en ese sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre estos respectos.

De hecho, en la reunión de la Mesa del Parlament, antes de que se aceptara a trámite, los letrados de la Cámara han advertido al órgano rector de que este punto de la propuesta de resolución contravenía los autos y advertencias del TC.

"El Parlament denuncia la censura que el TC pretende imponer al Parlament, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara", expone otro apartado del escrito, mientras que otro punto defiende que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar o no en la Cámara y otro recuerda que se han aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989.

Bajo el título 'Propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 1-O', el documento es el punto de consenso al que han llegado republicanos, 'cupaires' y JxCat, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara el martes pasado su propia propuesta en el pleno extraordinario sobre la sentencia, sin avisar a ninguno de los tres grupos, generando fricciones entre ellos.

En aquel plenario, pese a las reticencias de la CUP, no se permitió introducir documentos ni de los grupos ni del Govern ni del presidente para que fueran votados por el hemiciclo.

Ahora, esta propuesta en principio tampoco podrá ser debatida en el pleno ordinario fijado para este miércoles y jueves, ya que, para hacer una modificación del orden del día --ya sea reuniendo a la Junta de Portavoces o bien en el mismo pleno--, se tendría que haber registrado por vía de urgencia, algo que no ha sucedido, explican fuentes parlamentarias, por lo que debería respetarse el plazo de siete días para que los grupos presenten enmiendas.

Con todo, el artículo 83 del reglamento del Parlament establece que no se puede modificar el orden del día sin haber cumplido los trámites reglamentarios, "a excepción de un acuerdo explícito en el sentido contrario, adoptado por mayoría absoluta"; una mayoría que los tres grupos independentista tienen en el hemiciclo.

En la exposición de motivos, el documento critica la sentencia del 1-O porque considera que es "una regresión en materia de libertades, no solo para Catalunya, sino para todo el Estado" y sostiene que limita derechos fundamentales y criminaliza la disidencia política.

Reprocha que el TC intente "imponer al Parlament una vulneración inaceptable del derecho a la representación política", por lo que rechaza la sentencia y las decisiones del Constitucional.

"El Parlament exige la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión", piden votar en la cámara, así como expresar la indignación sobre una sentencia que tachan de injusta porque consideran que limita el ejercicio de derechos fundamentales en lo que tildan de deriva autoritaria del Estado que afecta a todos los demócratas.

Hacen referencia concreta al "escándalo democrático" que supone la condena de 11 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y afirman el carácter cívico y no violento del movimiento independentista, según el texto.

El texto advierte de que la sentencia establece un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta como el paro de un desahucio, la ocupación de un centro de atención primaria o el corte de una calle, "pueden convertirse en un delito de sedición".

Los impulsores del documento también quieren que el Parlament reitere que el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado es "político y no se resolverá mediante los tribunales", y avisan de que las mayorías parlamentarias no renunciarán a sus convicciones por más represión que haya.