Un padre ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la orden de la Generalitat para recabar las autorizaciones de las familias para vacunar contra el covid a los niños de entre 5 y 11 años en los colegios. El denunciante afirma que la orden vulnera varias leyes, como la de protección del Menor o la Protección de Datos.

La Generalitat remitió este lunes a los centros educativos de la Comunitat Valenciana la información y la autorización que tendrán que firmar los progenitores y tutores legales para permitir la vacunación de los menores de 12 años, que en este territorio arrancará el próximo miércoles, 15 de diciembre. A Valencia llegaron ayer 150.000 dosis para iniciar la vacunación de la población infantil.

En una carta firmada por los secretarios autonómicos de Educación y Salud Pública, Miquel Soler e Isaura Navarro, respectivamente, se señala a los equipos directivos de los colegios que, como consecuencia de las dosis recibidas en la Comunitat Valenciana, la primera fase de esta vacunación se realizará entre los días 15 y 22 de diciembre y en ella se vacunará a todo el alumnado que curse estudios entre 4º y 6º de Educación Primaria.

Además de la Ley de Protección del Menor o la Ley de Protección de Datos, el padre denunciante afirma en su recurso que esta orden de la Generalitat vulnera el derecho a la intimidad, a la salud y el derecho a la vida de los menores y, por tanto, pide la suspensión cautelar de la medida. El recurso se ha presentado por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

La Generalitat recalcaba en sus instrucciones a los centros educativos que la información debía ser trasladada de "manera urgente" a las familias el mismo día 13 de diciembre, indicando que el centro deberá disponer de la documentación firmada por las familias a lo largo de la mañana del martes día 14 de diciembre.

El abogado del padre que que ha decidido recurrir esta resolución de la Generalitat, Curro Nicolau, indica que de la misma se desprende que se confiere un plazo de 24 horas para que se complete un formulario "donde debe adoptarse una decisión muy importante por las familias". "Un plazo que resulta del todo improcedente y que todo el mundo ha conocido el mismo día de hoy, sin que haya posibilidad de respuesta", explica.

Lamenta además en el escrito del recurso que esa orden va directa a los centros educativos y a los padres y madres "sin posibilidad alguna de ser rebatida", teniendo en cuenta el mínimo plazo de 24 horas concedido. Y añade que la vacunación se realizará en el propio centro educativo "sin presencia de los padres", algo que teniendo en cuenta que puede tener efectos adversos en cualquier persona "es una grave temeridad" porque "no existen elementos sanitarios de ayuda en caso de cualquier situación de reacción adversa".

Las Consellerias de Sanidad y de Educación han anunciado hoy, precisamente, que permitirán que, de forma puntual, un miembro de la familia acompañe a cada niño o niña en el momento de la vacunación en los centros educativos con la finalidad de "facilitar" el proceso de inmunización y atender el acompañamiento emocional de los menores entre 5 y 11 años.

Además, este padre argumenta que los datos que se solicitan en la autorización son de carácter estrictamente personal y "no se ha comunicado ningún protocolo para poder tener el archivo y custodia correcta de esos datos según la normativa de protección de datos". Afea que los datos se deben entregar directamente al centro educativo "lo que vulnera cualquier normativa sobre protección de datos sanitarios que guardan de un nivel máximo de protección".

Por todo ello, interesa como medida cautelarísima la suspensión de esta orden administrativa, y subsudiariamente en caso de que la Sala no lo acuerde, interesa un incidente cautelar a prueba sobre los siguientes hechos: falta de acreditación de medidas de seguridad sanitaria ante el sistema de vacunación previsto en centros educativos; riesgos para la salud mental de los menores y progenitores; vulneración de la normativa de protección de datos; vulneración de la normativa sobre protección del menor y de la infancia; cualesquiera otros hechos que resulten controvertidos a la vista de la oposición de la Administración demandada".

Además, pide que se cite a declarar tanto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como a la consellera de Sanidad y Salud Publica, Ana Barceló Chico, y al conseller de Educación Vicente Marza Ibáñez, como promotores de las medidas contenidas en la resolución recurrida.