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Después de romper por enésima vez las negociaciones y de hacer público el acuerdo de Gobierno que, dicen, ha incumplido el Partido Popular, Vox exige ahora a populares y Ciudadanos que firmen un “programa único común” si quieren gobernar la comunidad de Madrid.
Rocío Monasterio, portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, ha puesto sobre la mesa las condiciones de negociación que incluyen “respeto, compromiso y lealtad”.
La fecha límite para la negociación impuesta por Vox será el 2 de julio hasta las 14 horas, con el objetivo de que la investidura del nuevo presidente o presidenta se celebre el 11 de ese mismo mes, según ha explicado Monasterio ante los periodistas en la Cámara regional.
En su intervención también ha dejado claro que vienen "a defender ideas, no a pedir consejerías".
Con el foco puesto en "evitar políticas del consenso socialdemócrata", la portavoz del partido de Abascal en Madrid ha exigido, en primer lugar, "respeto" para sus votantes así como que les dejen de "insultar" y de hacer "cordones sanitarios". Además, solicitan compromiso con el documento que se rubrique por las "tres partes", aunque no será "indispensable" sentarse en una mesa juntos para ello.
Monasterio quiere que se cumplan como mínimo tres principios programáticos. Las primeras peticiones giran en torno a la 'Prosperidad'. Piden "bajar todos los impuestos" y llevar a cabo una "auditoría exhaustiva de las subvenciones que se han otorgado durante los últimos años "así como suprimir aquellas que han sido destinadas a financiar "chiringuitos".
"Queremos que las subvenciones se den por criterios razonables y no se dé prioridad a un tipo de ideología. No puede ser que haya más subvenciones para sindicatos que para combatir la pobreza", ha lanzado.
La portavoz de Vox ha remarcado que quieren que los recursos resultantes de la reducción del gasto político se destinen a partidas que vayan en la dirección de "mejorar la vida de los madrileños". Para revertir "el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad", quieren que se cree una Consejería de Familia y Natalidad.
Por otra parte, han presentado medidas de 'Libertad de educación y de pensamiento'. Concretamente, solicitan aprobar el 'Pin Parental' para que "los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones" y derogar aquellos artículos de la legislación que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales. En este punto, ha pedido que se supriman artículos de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de la Ley 2/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual.
Identificación de inmigrantes ilegales
Asimismo, sobre las bases del 'Cumplimiento de legalidad' requieren que se colabore "desde todos los organismos de la Comunidad con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal con especial atención a la identificación y repatriación de los menas".
Según ha continuado detallando Monasterio, exigen que, dado que los recursos de los madrileños "no son infinitos", se obligue al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes como de los comunitarios visitantes ilegales que se hayan beneficiado de la Sanidad Pública Madrileña, evitando así "el turismo sanitario".
Además, quieren que se promueva, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que cooperen "con las mafias de tráfico de personas o favorezcan la inmigración ilegal", y que se supriman las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal.
Su objetivo es que esta misma semana se llegue a un acuerdo pero si no se alcanza, Monasterio ha señalado que tendrían "todo el verano" para continuar con las negociaciones porque, tal y como ha lanzado, "no pasa nada" porque los políticos trabajen en "agosto".