El juzgado de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado a Oriol Pujol, según avanza la agencia ACN. Instituciones Penitenciarias, dependiente de la Generalitat, le había concedido esa medida y desde el 29 de marzo el hijo del expresidente Jordi Pujol solo iba a prisión a dormir. El auto, contra el que cabe recurso de forma o apelación, apunta que la clasificación de Pujol en tercer grado penitenciario no se hizo “conforme” al derecho. El político fue condenado por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil.

Su libertad provocó todo un cisma e indignación porque pasó poco más de dos meses en ella. Oriol Pujol defendió en el juicio de la Audiencia la posibilidad de sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos --"Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo". Pero fue condenado.

El abogado de Pujol, Xavier Melero, argumentó en ese momento que la suspensión de la pena de cárcel técnicamente era posible --porque Pujol no es reo habitual y las penas de los tres delitos por los que fue condenado por separado no superan los dos años--, y defendió ante los medios que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen "eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño".

La defensa también alegó en la vista que Pujol había reparado en buena parte el daño simbólico por el reconocimiento público de los hechos, y destacó que había renunciado a su actividad política y pública, comportando una 'pena natural' que implicó la "destrucción" de su carrera política y profesional, lo que eliminaba el riesgo de reincidencia. Pujol expuso que su ingreso en prisión perjudicaría gravemente su entorno familiar --tiene a tres hijos a su cargo-- y su arraigo laboral y social, en plena recomposición ya que había conseguido "esforzadamente" rehacer su vida laboral, y que estaba trabajando como voluntario en entidades sociales.

En la vista, Pujol reconoció su error, recordó que había colaborado con la justicia, y explicó que había notado "el desprecio y la decepción de mucha gente", además de resaltar su vocación política y cómo se había truncado su proyecto vital y está estigmatizado socialmente.La Audiencia rechazó la petición argumentando que Pujol cometió hechos "muy graves"

porque en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos --fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC-- se aprovechó en beneficio propio. "No actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado) sino en el suyo propio", y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal aseveró que su actuación "ha supuesto un ataque muy importante" al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes. Con su ingreso en prisión para cumplir su condena, el tribunal decía que su ingreso en prisión era una forma de "restablecer la confianza del ciudadano en la norma jurídica, lo que no se lograría en caso contrario, por cuanto ante la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico". Así, la magistrada María del Carmen Zabalegui se alineó con la tesis de la Fiscalía, que se había opuesto a la suspensión al tratarse de una condena por delitos relacionados con la corrupción política, "por la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho". Ahora, vuelve a la cárcel tras un tercer grado que levantó ampollas.