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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elevado a definitiva su petición de 25 años de condena de cárcel a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña por delito de rebelión y malversación, y mantiene igualmente su petición inicial de pena para los otros ocho procesados por el primero de estos delitos.
Las conclusiones definitivas se han dado a conocer al término de la fase documental del juicio. La primera acusación en intervenir ha sido el Ministerio Público con el fiscal Jaime Moreno, quien ha mencionado expresamente que entre las pequeñas modificaciones realizadas en su escrito se encuentra la petición de que se aplique al caso artículo 36.2 del Código Penal.
Según este, se establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta es superior a cinco años, el tribunal puede ordenar que el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
La inclusión del artículo en el escrito es importante porque, de no hacerlo ninguna de las partes de la acusación, el tribunal no podría mencionarlo en la sentencia. Por eso, el Ministerio Público solicita al tribunal que haga constar esta indicación en caso de que haya condenas finalmente.
De este modo, se pide para Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés.
Al mismo tiempo, las otras penas más altas que solicita son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.
Para cada uno de ellos, los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.
Respecto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.
Del mismo modo, aunque en otro nivel al entender que no cometieron un delito de rebelión aunque sí de malversación y otro continuado de desobediencia grave por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del procés, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Puigdemont: Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa), quienes se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta