La trama de los ERE fraudulentos empezó a funcionar en el año 2000, pero fue hace diez años cuando salió a la luz pública. Lo que arrancó con unas grabaciones de directivos de MercaSevilla, en las que exigían dinero a empresarios, terminó por convertirse en un caso de corrupción de enormes proporciones.

Hace 8 años que se iniciaban las pesquisas, la jueza Alaya empezaba a tirar de una investigación convertida al poco tiempo en una enorme macrocausa de corrupción.

Un proceso que ha sido largo, tedioso, como el entramado que se creó y que la sentencia desglosa. Cómo un dinero, una partida presupuestaria para empresas en crisis, acababa siendo repartido de forma totalmente arbitraria, opaca y por tanto ilegal.

La sentencia explica cómo se prescindió totalmente del procedimiento: no había convocatorias, no había publicidad y por tanto era imposible que las empresas que lo necesitaban supiesen de la existencia de estas ayudas.

La falta de controles era total, no había tampoco seguimiento de qué se hacía con el dinero y eso propició, dicen los jueces, que personas ajenas, que no tenían que ver con las empresas en necesidad de esas ayudas acabaran con dinero público en sus manos.

La sentencia nos deja una cifra final del dinero público otorgado sin control ni supervisión: 680 millones de euros.