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Ni siquiera con una lluvia de millones Pedro Sánchez puede respirar tranquilo. Las primeras entregas de los hasta 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation de los que dispondrá en los próximos seis años se estrenan con una impugnación en los tribunales.
El fuego lo ha abierto esta semanal la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Supremo por lo que considera un reparto "arbitrario" por parte de Moncloa de esos fondos. En concreto, Ayuso apunta a una partida de nueve millones para cuatro proyectos en el País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura. Ninguna de ellas es del PP.
De lo que Madrid se queja es de que esas cantidades están "al margen" del reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Trabajo entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Ese reparto fue en verano; el decreto de las ayudas impugnadas es de octubre; pero no ha sido hasta ahora cuando el gobierno madrileño ha tomado la decisión de judicializar el caso.
Fuentes del Gobierno interpretan que la iniciativa de Ayuso "no tiene recorrido". Lo interpretan como un boicot y subrayan la insignificancia de las partidas que llevado a Ayuso -y con ella al conjunto del PP- a judicializar algo tan relevante y necesario como la distribución de los fondos europeos.
Para haceres una idea. La cantidad a repartir pactada entre el Gobierno y las comunidades asciende a 11.246 millones de euros. De ellos, 1.213 los ha recibido Madrid. Es un 12%. Se trata de una de las comunidades más beneficiadas. Pues bien, las ayudas que Ayuso ha decidido llevar a los tribunales suman entre las cuatro 9 millones de euros. Un 0'08% de los fondos ya repartidos. Y son para, según detalla el decreto, planes piloto dedicados, en el caso de Navarra a la promoción de una "economía verde y digital" y en los casos de Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco a planes para jóvenes y colectivos vulnerables. Según el Ministerio de Trabajo, solo esas cuatro comunidades han presentado proyectos que cumplían los requisitos para obtener esas ayudas.
Pero más allá de los datos y la comparativa, Ayuso ha arrastrado consigo al resto del PP, que parece dispuesta a repetir con los fondos la guerra de guerrillas que acaba de plantear contra Garzón. En el tema de la carne, a base de mociones. En esto de los fondos a base de recursos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera ilegal ese reparto pero, más prudente que Ayuso, ha optado por dar un margen de tiempo al Gobierno antes de ir a la vía legal. También se lo piensan Andalucía, Castilla y León y Murcia. Hay también más de un centenar de alcaldes populares, entre ellos el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dispuestos a sumarse a la ofensiva contra lo que entienden que es un reparto "a dedo".
Esta campaña del PP en torno a los fondos cuenta con el respaldo del presidente del PP, Pablo Casado, que se ha visto de nuevo envuelto, indirectamente, en una especie de competencia con Ayuso sobre quién lleva la iniciativa en el partido. Después de que Ayuso anunciara su recurso, Casado salía este viernes a decir que en noviembre ya advirtió a Sánchez que iría a los tribunales si no había un reparto justo de los fondos. "Dos meses después esto ha sucedido", dice, "no lo vamos a admitir, es intolerable y vamos a ir hasta el final". La tesis popular es que el reparto va en beneficio del PSOE, si bien en este primer lote que han recurrido está el País Vasco, comunidad gobernada por el PNV.
No es la primera vez que el Partido Popular siembra dudas sobre el reparto de los fondos. De hecho, los de Casado votaron en el Congreso en contra del mecanismo de gestión de las ayudas europeas. Su propuesta ha sido siempre que fuera una agencia independiente la que asumiera el control de ese reparto, un modelo que sería inédito en Europa. Ninguno de los estados miembros de la Unión ha optado por esa fórmula.
Mientras Casado advierte que está dispuesto a llevar el litigio a instancias europeas, en Bruselas descargan en los gobiernos de cada país la responsabilidad de controlar un correcto reparto del dinero. "Los Estados miembros deben garantizar que se cumplan las leyes nacionales y europeas, incluyendo la prevención, detección y corrección de conflictos de intereses, corrupción y fraude y doble financiación. Los Estados miembros deben explicar, y España lo hizo en su plan de recuperación y resiliencia, las disposiciones pertinentes para lograr estos objetivos", señalaba Veerle Nuyts, responsable de Asuntos Económicos de la Unión.
La campaña del PP abre, en el terreno interno, una corriente de desconfianza entre comunidades. El presidente valenciano, Ximo Puig, acusa a Ayuso y a sus colegas del PP de hacer un "partidismo amoral" y una "oposición irresponsable" con su estrategia de judicializar las ayudas. Lamenta que el PP haya "entorpecido el éxito" de los fondos y afirma que la única pretensión de la Generalitat es recibir la cuantía que le toque de forma "digna y ordenada".
Recuerda Puig que, del dinero llegado de Europa, Madrid fue de inicio la comunidad más beneficiada por ser la que más estaba padeciendo los estragos de la pandemia. Para él, la distribución está siendo "transparente y equitativa".
Por su parte, Íñigo Urkullu, presidente de otra de las comunidades señaladas por Ayuso, se queja de recibir menos fondos de los que le corresponden. Según sus cuentas, Euskadi ha recibido un 3'5% y debería ser un 6'24%. Dice, en todo caso, que no va a contribuir a "polémicas interesadas que alimenten el enfrentamiento político institucional permanente". El lehendakari entiende que su parte de los famosos 9 millones está justificada y aboga por repartir el dinero con criterios objetivos.
La pelea por los fondos está abierta y el dinero acaba de empezar a llegar al país que ha sido el primero de la Unión en recibirlo. Es un clásico. En España, el Gobierno y las Comunidades Autónomas arrastran desde hace años una tensión permanente por acordar nuevos criterios de reparto para la reforma de la Ley de Financiación Autonómica.