Alfredo González Ruibal es doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Complutense de Madrid y científico titular en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Autor del libro Volver a las Trincheras, una arqueología de la Guerra Civil, en su cuenta de Twitter, @GuerraenlaUni, suele explicar estudios propios y ajenos sobre arqueología. Entre los temas que más trata están los de la Guerra Civil española y la posguerra. A la espera de que se apruebe hoy el proyecto de Ley de Memoria Democrática, hablamos con González Ruibal sobre este tema, así como sobre el patrimonio arqueológico e histórico de la guerra.

Pese a las grandes críticas que recibió la ley 52/2007, creo que en general era valiosa y ecuánime. Varios aspectos son criticables, por supuesto, como que se pusiera énfasis en el aspecto familiar, individual y personal de la memoria, cuando en el caso de la violencia política –y de la violencia de Estado particularmente– hablamos de un fenómeno social y por lo tanto de memoria colectiva. Esto no implica una única memoria, hay mucha confusión con esto.

También es reprobable que no se anularan los juicios de los tribunales del franquismo, aunque este es un tema complicado sobre el que se deben pronunciar los juristas. La ley de memoria, en todo caso, fue malinterpretada por algunos como un intento totalitario de imponer una sola verdad histórica. La lectura de la ley demuestra lo infundado de la crítica. Ahora bien, que no haya intención de imponer un relato monolítico no significa que cualquier interpretación de la historia sea válida.

Es esencial que se construya lo que los anglosajones denominan una master narrative, algo así como un relato básico y común sobre el pasado que recoja el sentir democrático de la mayor parte de la sociedad y que, por lo tanto, pueda ser compartido por la mayoría. No es incompatible con que existan diversas interpretaciones históricas. Esta narrativa no se puede imponer por ley, está claro, pero la ley sí puede crear mecanismos que ayuden a generar ese tipo de relato. Por ejemplo, a través de una comisión de la verdad, como ha existido en múltiples situaciones posdictatoriales o posconflicto, desde Colombia a Sudáfrica.

A mí parecer dos cosas son esenciales en una nueva ley de memoria. Por un lado, una mayor implicación directa del Estado. Necesitamos algo así como una Commonwealth War Graves Commission que gestione las fosas (sean civiles o militares, de un bando o de otro), la recuperación de los restos humanos, su identificación y su reentierro digno con presencia de las autoridades. Por otro lado, la promulgación de la ley requiere de una importante labor pedagógica. Si no se lleva a cabo, volveremos a escuchar relatos infundados sobre el intento totalitario de imponer una sola memoria.

En última instancia, el problema es que España estuvo del lado de los ‘malos’ durante la II Guerra Mundial. El régimen de Franco, aunque oficialmente no beligerante, se alineó con las potencias fascistas y envió decenas de miles de soldados a combatir con los nazis. Durante décadas, el único relato del papel de España durante la guerra era el de la División Azul, que fue a 'luchar contra el comunismo'. En la Guerra Fría el relato encontró fácil encaje y por inercia se mantuvo en democracia sin que hubiera ningún intento oficial de cambiarlo. Es más, el Estado colaboró en la exhumación y repatriación de combatientes de la División Azul, mientras olvidaba a los antifascistas y a las víctimas de los campos de concentración nazis.

Recuperar esa historia era un tema complicado, porque habría recordado la estrecha relación entre Franco y el nazismo y habría minado la imagen más o menos benévola del régimen que se extendió a fines de la dictadura y durante la transición. Como ocurría con las exhumaciones de represaliados, recordar a las víctimas del nazismo y a quienes lo combatieron sería ‘reabrir heridas’, extender la guerra civil a la II Guerra Mundial (en la que nuevamente se enfrentaron españoles).

Ahora bien, esto puede explicar el contexto, pero ¿por qué no se ha hecho nada antes? Era comprensible en la Transición. Después ya no. Como se ha visto, tomar decisiones contundentes no supone ningún trauma.

La guerra en España fue en buena medida un fenómeno rural. Al discurrir por zonas con frecuencia poco pobladas y después afectadas por el éxodo a la ciudad, el frente quedó bien preservado en buena parte del país. De hecho, los restos se conservan por lo general mucho mejor y son más visibles que en el caso de las guerras mundiales en Europa. Es un recurso patrimonial excepcional que debería ser aprovechado. Hay varias iniciativas en marcha, pero sería necesaria más coordinación entre administraciones para plantearse objetivos más ambiciosos.

El traslado de monumentos es relativamente común. Lo ideal es que permanezcan en el sitio en el que fueron construidos, pero no siempre es posible. La Puerta de Hierro en Madrid ha cambiado de emplazamiento varias veces por la ampliación de las carreteras. En España hay miles de kilómetros de trincheras y miles de fortines de la Guerra Civil, no se puede esperar que todo vaya a ser conservado ni musealizado. Lo que sí es exigible es que exista una buena documentación de todo lo que hay y que, antes de empezar obras, se realicen las intervenciones arqueológicas necesarias, como en cualquier otro tipo de patrimonio.

Lo cierto es que se ha avanzado mucho en diversas comunidades, también en la Comunidad de Madrid, en la protección de este legado. La pregunta no es tanto por qué se destruye o modifica un determinado monumento, sino qué tipo de política económica tenemos que requiere una agresión constante al medioambiente y el patrimonio cultural para poder prosperar.

Es cierto que muchas familias quedaron fracturadas por la guerra, pero lo cierto es que fue más habitual que apoyaran a un bando o a otro y esto tenía mucho que ver con la extracción social de las personas. Aunque no imposible, es raro que un marqués fuera a defender el anarquismo o que un jornalero extremeño saliera falangista. En términos generales, las clases populares apoyaron a la República y las acomodadas la sublevación, aunque hay, por supuesto, una amplia zona gris.

El conflicto de clase se aprecia claramente en las fosas. Las víctimas de la violencia derechista son de baja estatura, en sus huesos se observan huellas de malnutrición y lesiones provocadas por el esfuerzo físico, la dentadura está en mal estado y los objetos asociados indican pobreza (por ejemplo, las alpargatas de caucho de neumático). En el caso de las víctimas de violencia revolucionaria, tenemos que recurrir a los informes de la Causa General, pues las exhumaciones se realizaron en la posguerra, pero los objetos que se mencionan indican por lo general un estatus elevado (plumas estilográficas, trajes, sombrero, prótesis dentales).

Estamos hablando de la guerra en retaguardia. En el frente la situación es distinta, al menos desde inicios del 37, dado que los combatientes proceden cada vez más de levas obligatorias y se difumina el elemento de clase.

Las fosas comunes ofrecen un retrato único de la sociedad española de 1936 a través de los objetos y los restos óseos. Nos hablan de la ocupación de la gente, de sus ideologías, de sus aspiraciones, sus enfermedades y su estado de salud. También de las personas como individuos únicos, algo que la violencia política trató de aniquilar. Las fosas son asimismo un retrato tan preciso como aterrador de la forma en que se llevó a cabo la represión, algo a lo que no se puede acceder únicamente a través de las fuentes escritas, porque buena parte de la violencia fue irregular y no dejó registro documental.

Gracias a las exhumaciones hemos llegado a conocer muchos detalles del modus operandi de los asesinos y del impacto de la violencia en diferentes partes de España y sobre diferentes colectivos, como las mujeres. Por otro lado, los muertos de la Guerra Civil no son solo de los familiares, son los muertos de todos. Deberíamos preocuparnos por ellos, hacernos responsables, sean del bando que sean. Es una cuestión de humanidad.

Uno de los aspectos que me interesa como investigador es el período de la posguerra, particularmente desde el punto de vista de las experiencias de las mujeres y los familiares de los presos. Las mujeres, en particular, han sido doblemente silenciadas, como republicanas y por su condición femenina.

La arqueología está acostumbrada a tratar con colectivos silenciados, porque se acerca al pasado a partir de los objetos mudos y puede explorar las experiencias cotidianas de grupos marginados a través de la cultura material. En el caso de la posguerra, hemos comprobado que es factible realizar este estudio a través del análisis de los poblados improvisados que proliferaron en torno a los destacamentos penales, donde los presos republicanos redimían condena. Es un proyecto que comenzamos hace años y que ahora trato de retomar.