La actual crisis de inmigración en Ceuta se suma a otra larga lista de desencuentros entre España y Marruecos como la de la soberanía del Sáhara, cuya anexión al país vecino se produjo en 1975, o las recurrentes reivindicaciones soberanistas de Rabat sobre Ceuta y Melilla, que han enturbiado la buena vecindad. Este lunes, Ceuta sufrió la peor crisis migratoria en años con la llegada de al menos 8.000 migrantes procedentes de Marruecos que accedieron a la ciudad autónoma por la playa del Tarajal, de los que la mitad ya han sido devueltos al país vecino. Una crisis que ha obligado al Gobierno español a movilizar al Ejército al tiempo que ha advertido a Marruecos de que defenderá la integridad territorial de sus fronteras ante cualquier desafío y "con todos los medios" a su alcance.

Este episodio se produce después de que el pasado 22 de abril se desvelara que el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, se encontraba hospitalizado en Logroño por coronavirus, lo que ha sido justificado por el Ejecutivo por motivos humanitarios. Unos motivos que no fueron suficientes para Marruecos que lo calificó de deplorable y llamó al embajador español para pedir explicaciones.

Ya en noviembre de 2020 se produjo otro desencuentro debido a la afluencia masiva de migrantes marroquíes a Canarias, donde sólo ese mes se registraron 9.000 llegadas irregulares, lo que originó la visita del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a Rabat. Estos han sido algunos de los desencuentros más representativos entre España y Marruecos:

CONFLICTO DEL SÁHARA

El Sáhara es desde 1975 motivo de conflicto en tanto que la postura española sobre la soberanía de este territorio siempre fue defender los acuerdos de la ONU de celebrar un referéndum. Una de las últimas crisis se desencadenó en noviembre de 2020 después de que el entonces vicepresidente segundo y socio de Pedro Sánchez en el Gobierno, Pablo Iglesias, publicara el siguiente tuit: "'...Reitera su empeño en que celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental...' Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (13 de enero de 1995)".

A ello se sumó la reunión que mantuvo el entonces número dos de Iglesias, Nacho Álvarez, con la representante del Frente Polisario, Suilma Hay Emhamed Salem, a la que se refirió como “ministra” en las redes sociales. Estaba prevista la visita de Sánchez a Rabat en febrero de 2021 que finalmente fue aplazada sin fecha.

Veinte años antes, el 27 de octubre de 2001, Marruecos retiró a su embajador en Madrid y cuatro días después suspendió la Reunión de Alto Nivel. El origen fue la disconformidad marroquí ante lo que en ese momento denominó "ciertas actitudes y posiciones españolas que conciernen a Marruecos".

REIVINDICACIONES DE CEUTA Y MELILLA

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han sido objeto de tensión por parte de Marruecos. Entre los puntuales desencuentros, un momento complicado tuvo lugar al aprobarse los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, en 1994, que obtuvo como respuesta una ofensiva diplomática de Rabat al solicitar a la ONU la “devolución” de las ciudades. De nuevo las relaciones quedaron enturbiadas el 2 de noviembre de 2007 cuando Marruecos anunció la llamada a consultas de su embajador en Madrid, tras anunciarse la primera visita de los Reyes a estas dos ciudades autónomas, la primera en 32 años. Tres meses después se normalizaron las relaciones con la vuelta del embajador marroquí. La última reivindicación la hizo en diciembre de 2020 el primer ministro, Saadedin Otmani, que provocó una respuesta rápida del Ejecutivo español con la frase "no hay tema" así como el requerimiento de la embajadora marroquí, Karima Benyaich, para dar explicaciones.

El 11 de julio de 2002 el islote de Perejil no muy lejos de Ceuta fue ocupado por efectivos marroquíes que justificaron esta acción dentro de su "lucha contra la emigración ilegal y el terrorismo en el Estrecho". Apenas una semana después y en medio de una intensa ofensiva diplomática, tropas españolas recuperaron de forma pacífica el islote deshabitado. La reconciliación entre ambos países no llegó hasta el 30 de enero de 2003 cuando, tras quince meses de hostilidades, anunciaron el regreso de sus embajadores.

CASO AMINETU HAIDAR

Las relaciones volvieron a tensarse el 15 de diciembre de 2009 cuando la activista saharaui Aminetu Haidar llegó al aeropuerto de Lanzarote desde El Aaiún tras ser expulsada por las autoridades marroquíes que la detuvieron el día anterior cuando venía de Nueva York. La policía magrebí le requisó el pasaporte al negarse a poner en la ficha de control la nacionalidad marroquí, y después de amenazar con no dejar aterrizar el avión si intentaba regresar a El Aaiún. Permaneció en huelga de hambre 32 días hasta que, tras intensas negociaciones diplomáticas entre España y Marruecos, Rabat permitió su regreso el 17 de diciembre.

La llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta, interpretada por el Gobierno como un "desafío" de Marruecos, ha provocado la mayor crisis diplomática en años entre ambos países y un mensaje de firmeza del Ejecutivo garantizando la integridad territorial de España. Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha puesto voz al malestar por la actitud de Marruecos y ha reconocido que es una situación grave para España y para Europa y que se actuará contra ella con todos los medios que sean necesarios. "Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia", ha manifestado Sánchez en referencia a las fronteras españolas y a los ciudadanos que viven en las dos ciudades autónomas. Son palabras que ha pronunciado en una declaración institucional en Moncloa poco antes de desplazarse a Ceuta y Melilla para conocer sobre el terreno la evolución de los acontecimientos. Unos hechos que le llevaron a cancelar el viaje que tenía previsto esta jornada a París para participar en una cumbre sobre la financiación de África.

La firmeza prometida por Sánchez se ha querido explicitar en la decisión de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de convocar a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. Laya le ha trasladado el rechazo formal de España a la entrada masiva de inmigrantes ilegales y ha apelado a la corresponsabilidad en el control de las fronteras. Poco después de esa reunión, el Gobierno marroquí llamó a consultas a su embajadora en Madrid. La última vez que hubo una llamada de este tipo fue en 2007, cuando Marruecos llamó a su entonces embajador Omar Azziman para protestar por el anuncio de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla. El Gobierno se resiste a vincular públicamente la actitud de Marruecos con la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado en Logroño por coronavirus.

Así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que las crisis migratorias "responden a causas múltiples y son demasiado complejas como para establecer causa-efecto". Sin embargo, la avalancha de inmigrantes desde territorio marroquí llega después de las protestas de las autoridades de Marruecos por la presencia en España de Ghali. Hace una semana y después de varias quejas públicas, el Gobierno marroquí ya advertía a España de que no debía de "minimizar el impacto grave" de la crisis provocada por la presencia del líder del Frente Polisario y decía que tomaba nota de que no les hubieran informado previamente pese a que se argumentara que se le había acogido por razones humanitarias.

Sánchez ha apelado a Marruecos a seguir manteniendo la colaboración, pero ante su actitud, ha exigido respeto a las fronteras al tiempo que ha insistido en que garantiza la integridad territorial y la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos "cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles". Como prueba de ello, ha citado el despliegue de militares en la frontera ceutí junto a un incremento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Además de informar al rey, de contactar con diversas autoridades europeas que han trasladado su apoyo a España y de conversar con el líder de la oposición, Pablo Casado, el presidente ha creado una comisión específica para el seguimiento de la crisis migratoria. Una crisis ante la que Montero y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska han asegurado que está habiendo contactos con las autoridades marroquíes pero sin dar más detalles apelando a la necesidad de discreción.

Si Pablo Casado ha apoyado al Gobierno reclamándole que garantice la integridad territorial de inmediato y con todos los medios necesarios, los socios parlamentarios del Ejecutivo han considerado que Marruecos está "chantajeando" a España por la presencia de Ghali y han pedido firmeza pero también acogida humanitaria.

La crisis con Marruecos llega cuando estaba pendiente de fijarse una nueva fecha para la cumbre bilateral después de que se pospusiera del pasado diciembre a febrero y de que se aplazara después de nuevo con el argumento oficial de que lo impedía la pandemia de coronavirus. Pero en medio de ambas fechas hubo unas declaraciones del primer ministro marroquí, Saadedín Otmani, en las que reafirmó la reivindicación de su país sobre Ceuta y Melilla y dijo que tratarían esta cuestión con España tras solucionar el conflicto del Sáhara Occidental. Unas palabras ante las que el Gobierno español recalcó que Marruecos sabe muy bien que Ceuta y Melilla son españolas y el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó con carácter de urgencia a la embajadora marroquí para pedirle explicaciones.

Por su parte, aunque el Gobierno afirmó que no hubo ninguna queja formal de Marruecos, en este país no sentó bien la defensa que seguía manteniendo el ya exvicepresidente segundo Pablo Iglesias sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considera que España ha sufrido "una agresión" a sus fronteras que no puede formar parte de las buenas relaciones con Marruecos. Calvo ha interpretado así la avalancha de inmigrantes irregulares que han llegado a Ceuta desde territorio marroquí y que ha analizado en el Palacio de la Moncloa el comité de seguimiento de la situación creado horas antes por el Consejo de Ministros.

El comité está coordinado por la vicepresidenta y del mismo forman parte la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; la de Defensa, Margarita Robles; el titular de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta; la responsable del departamento de Derechos Sociales, Ione Belarra; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

También han asistido la directora del CNI, Paz Esteban, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien participa en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a que éste se encuentra en Ceuta y Melilla acompañando a Sánchez en su visita a ambas ciudades autónomas.

Moncloa ha informado de que en este primer encuentro del comité se han analizado las líneas generales de trabajo para abordar la situación creada. Calvo ha señalado que lo ocurrido "es una agresión a nuestras fronteras, y eso -ha subrayado- no puede formar parte las buenas relaciones con Marruecos". Pero ha asegurado que esas buenas relaciones se van a seguir manteniendo porque España y Marruecos son países vecinos y cercanos.

Ha añadido que se está trabajando para continuar con la devolución de las personas que han llegado de forma irregular a España y siempre de acuerdo con la legalidad y con especial atención a los menores ya que hay niños de muy corta edad. Además, ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a la población de Ceuta y Melilla porque ha afirmado que todo irá volviendo a su cauce.

El comité ha resaltado que la prioridad del Gobierno es garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que implica esta situación y proceder a la devolución inmediata de quien haya entrado irregularmente. Una devolución que recuerda que está prevista en los acuerdos firmados desde hace años por España y Marruecos.

El representante del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, ha pedido este jueves al Gobierno "no caer en la trampa de Marruecos", porque utiliza la presión migratoria como "herramienta de presión internacional". En declaraciones a EFE, Arabi ha comentado así la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, que "nada tiene que ver" -sostiene- con el ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño desde el pasado mes de abril por coronavirus.

En cuanto a la salud del "presidente saharaui", Arabi ha asegurado que "entre ayer y hoy" ha salido de la unidad de cuidados intensivos, y se encuentra en "proceso de recuperación". La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se mostró convencida de ese ingreso por "motivos puramente humanitarios" no afectaría a las relaciones con Marruecos. Arabi rechaza que la crisis tenga su origen en la hospitalización de Ghali. "Es una estrategia más de Marruecos y entra dentro de su política de presión que siempre ha ejercido para condicionar a los demás", ha asegurado tras señalar que "ya desde noviembre, Marruecos estaba presionando y enviando a su gente a Canarias".

Por eso, ha aconsejado a España "no caer en la trampa de Marruecos" ya que el Gobierno podría verse abocado a "consultar previamente con Marruecos cualquier decisión que tome, incluso las relativas al derecho Internacional Humanitario".

Se trata de una rama del derecho internacional que "Marruecos demuestra desconocer cuando es capaz de utilizar a sus propios ciudadanos, a sus jóvenes, como herramienta de presión internacional", ha añadido. Para Arabi, España y Europa deben abrir un "proceso de reflexión profunda sobre la conveniencia de tener a Marruecos como socio y garante de sus fronteras".

El Gobierno ha adoptado hoy un acuerdo por el que se concede una ayuda a Marruecos para pagar el despliegue policial en la lucha contra la inmigración irregular. La citada ayuda, que no especifica la referencia del Consejo de Ministros, es de 30 millones de euros, según afirmó hoy el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Según la referencia de Moncloa, en el ámbito del Ministerio del Interior, se ha aprobado un acuerdo "por el que se autoriza la concesión de una ayuda de cooperación policial internacional para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos".

La ayuda se ha aprobado después de que Marruecos haya dejado pasar por la frontera de Ceuta a cerca de 7.000 inmigrantes ilegales, aunque a primera hora de esta tarde se habían producido ya unas 4.000 devoluciones. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, había afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta cantidad estaba ya en el Presupuesto de su Ministerio destinada a la lucha conjunta contra la contra la inmigración ilegal, las organizaciones criminales y el terrorismo en el Sahel

Marlaska ha explicado que le gustaría dar un día las cifras de desmantelamiento de organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas y que son desarticulados por la cooperación efectiva con Marruecos y los países de origen y tránsito. Según ha dicho, esta cooperación cuesta un dinero y ha precisado que los 30 millones de euros forman parte de los presupuestados en el Ministerio del Interior para tal fin.

En este sentido, ha explicado que esta ayuda no es solo para la cooperación con Marruecos, sino también para todos los países de origen y tránsito con los que, ha dicho, España tiene equipos conjuntos de investigación. "Tenemos policías y guardias civiles destinados y con los que cooperamos y nos coordinamos en los términos anteriormente indicados", ha remachado el ministro del Interior. En este sentido, ha alegado que "todo eso tiene un presupuesto y unos gastos necesarios y precisos y obedece a eso y no obedece a ninguna otra circunstancia concreta, sino que es consecuencia palmaria de la cooperación y coordinación necesaria y precisa, lo mismo que acontece en los distintos programas que vienen desarrollados en el marco de la UE y no solo en la lucha contra la inmigración ilegal, sino contra las organizaciones criminales, contra el terrorismo en la zona del Sahel". El ministro ha insistido que España tiene en esos países un despliegue importante, por lo que esas ayudas son consecuencia de la cooperación y coordinación en "proyectos objetivos, concretos y sólidos para luchar contra la criminalidad organizada como contra la inmigración ilegal". Algunos lo verán como el primer pago para cerrar una herida cada vez más abierta.