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Sobre el reguero de víctimas que ha dejado tras de sí la pandemia en las residencias y centros de mayores se levanta ahora una monumental polémica acerca de a quién corresponde la responsabilidad de la gestión durante la crisis de estos centros. Es un debate de culpas con epicentro en Madrid. El Gobierno de la popular Isabel Ayuso, que emitió (supuestamente por “error”) un controvertido protocolo ordenando que no se hospitalizara a ancianos con algunas discapacidades, trata de hacer ver que su margen de maniobra estaba acotado, a la vista de que el asunto apunta a los tribunales. Lo hace preguntándose dónde estaba en este tiempo el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, y apelando al “mando único” que estableció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al decretar el estado de alarma.
La teoría eximente del “mando único” ha sido tajantemente rebatida por el Gobierno. Tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias – los dos más vinculados con el tema de las residencias- han defendido en todo momento que las comunidades no han perdido ni una de sus atribuciones. En el caso de Madrid, la propia Ayuso ha alardeado a pie de avión de sus compras de material sanitario; o ha festejado el poder cerrar el hospital de Ifema. Signos de autonomía. Como lo es, en lo relativo a los centros de mayores en concreto, el hecho de que los hasta siete protocolos de atención a los pacientes que se han manejado en su territorio llevaran membrete oficial de la Comunidad y la firma de su director general de Coordinación Sanitaria, Carlos Mur de Víu. Al que luego destituyó.
Aún así, la teoría del mando único ha cogido vuelo, ayudada por la solemnidad con la que Sánchez proclamó la intervención del Gobierno al principio de los contagios y algunos movimientos ambiguos del ejecutivo. La centralización de compras, por ejemplo, que se dio a entender que era facultad exclusiva de la autoridad competente de Sanidad y luego las hicieron todas las comunidades que lo entendieron preciso.
Sánchez, en efecto, el 13 de marzo anunció que durante la crisis “la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España”, y designó como depositarios de esa autoridad a la ministra de Defensa, y los del Interior, Transporte y Sanidad. Pero anticipó también: “Las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión dentro de su ámbito de competencias de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento como ha sido hasta ahora”. El presidente dijo además: “Cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias”.
Son palabras calcadas a las que luego aparecieron en el decreto del día 14. Sugieren una autoridad por encima de otras, pero no hablan de retirada de atribuciones a las Comunidades Autónomas. Al revés, señalan que las conservan. Y cuando añade que “todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados se ponen a disposición del ministro de Sanidad” precisa que es con el objetivo de “garantizar la cohesión y la equidad en todo el territorio español”.
Fuentes del Gobierno consultadas por NIUS apuntan que ambas ideas –“cohesión y equidad”- ratifican que la intención del Gobierno al unificar la autoridad estaba enfocada a la coordinación y no al recorte.
En esa idea encajan, por ejemplo, iniciativas de Moncloa como determinar un precio máximo para las mascarillas; reservarse la decisión última en el traslado de pacientes de una comunidad a otra; organizar el reparto de material disponible; o enviar a la UME a desinfectar las residencias o trasladar a los fallecidos. Funciones ajenas al marco competencial y al desempeño en el día a día de los centros.
“Es que nunca se les ha retirado las competencias. El mando único se ha utilizado para limitar la movilidad, no significa que el Gobierno asuma todas las competencias. El estado de alarma nunca ha suspendido el estado de las autonomías. Y las residencias siempre han dependido de las Comunidades Autónomas”, afirman en Asuntos Sociales. “La autoridad sanitaria ha sido el ministro de Sanidad pero la gestión sanitaria ha estado siempre en manos de las Comunidades Autónomas”, apuntan desde el ministerio de Sanidad.
Y a todo esto ¿qué dicen los papeles? La acción del Gobierno con respecto a los centros de ancianos se concreta en un protocolo inicial de 5 de marzo, en el que -según el ministro Illa, en coordinación con los consejeros- se acordaron las pautas a seguir en las residencias y centros sociosanitarios, y tres órdenes posteriores. Ninguno de ellos habla de privar a las comunidades de las competencias que tienen transferidas desde los años 80.
En la orden de 19 de marzo “se dictan normas de obligado cumplimiento para evitar la extensión de la enfermedad y para tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran esta enfermedad”. Pero, aun siendo imperativo, el documento contempla la discrecionalidad de las consejerías en el ámbito de su propia gestión. “La autoridad sanitaria de la comunidad autónoma podrá modificar la prestación de servicios…”, dice un párrafo. “Corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden”, se añade e otro.
Lo mismo ocurre en las órdenes de 23, 26 de marzo y 3 de abril, en las que aparecen frecuentes referencias a la facultad de las comunidades para tomar sus decisiones de acuerdo a sus competencias. El vicepresidente de Asuntos Sociales ha llegado a decir incluso que fueron “reforzadas”, al adquirir autoridad para contratar personal o inspeccionar y monitorizar el estado de los centros.
Entre las muchas indicaciones que aparecen en estas órdenes, la del 24 de marzo incluye una de gran incidencia para el tratamiento de los ancianos enfermos en pleno pico de la pandemia: habla de “modificar el uso de los centros residenciales objeto de esta orden para su utilización como espacios para uso sanitario”. O sea, reconvertir centros de mayores en hospitales. Pero incluso este punto se plantea como una facultad “de la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad”. Quedaba pues a expensas de lo que decidiera cada consejero.
A raíz de la polémica sobre el mando único, el medio de comunicación Maldita.es, especializado en verificación de datos, ha consultado a media docena de Comunidades si el estado de alarma ha limitado sus competencias en materia de Sanidad y servicios sociales. Todas, algunas gobernadas por el PP, han respondido que no: Castilla y León, Murcia, Cataluña, Asturias y Valencia. Solo ha eludido la respuesta Madrid, comunidad en la que Díaz Ayuso transfirió durante la crisis el mando de los centros de mayores de su consejería de Políticas Sociales a la de Sanidad. Haciendo, precisamente, uso de sus atribuciones.