En una veintena de ciudades, miles de personas han salido a la calle para exigir al ministro José Luis Ábalos que retire su propuesta y al Gobierno que apruebe una Ley de Vivienda que regule el precio de los alquileres y garantice el derecho a la vivienda. Insisten en que este acuerdo no sólo se ha sellado con Unidas Podemos, sino que ha sido y es respaldado por 9.000 organizaciones sociales. Aseguran que son muchas las familias que dedican más dinero del que deberían a pagar un alquiler y denuncian que el proyecto de Ábalos beneficia a los grandes propietarios y fondos buitre. Casi cuatro de cada diez inquilinos dedica más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler y son siete millones de personas las que resultarían beneficiadas con el cambio de la normativa, según explican las organizaciones convocantes de las protestas.